El Consejo de Gobierno, reunido en el Colegio de la Asunción de Valladolid bajo la dirección de Herrera, ha aprobado un amplio paquete de medidas económicas, fiscales y administrativas que tienen como principal objetivo garantizar el funcionamiento de los servicios públicos fundamentales con calidad y equidad, así como su sostenibilidad en el futuro. Junto a esto, el Ejecutivo regional pretende avanzar en la recuperación de la economía y el empleo -prioridades fijadas por el presidente Herrera en su discurso de investidura-, facilitar la elaboración del futuro Proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2012 y favorecer el cumplimiento del objetivo de estabilidad de Castilla y León para el próximo año, contribuyendo así a que el conjunto de la nación pueda hacerlo.
Para ello el Ejecutivo regional ha dado luz verde a cuatro normas y textos legislativos de gran calado: el Decreto de Prórroga de los Presupuestos de 2011 y el Proyecto de Ley de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria, que se han aprobado; el Plan de Racionalización del Gasto Corriente, que incluye dos iniciativas que es preceptivo abordar en las mesas de negociación de la Función Pública, convocadas para mañana mismo, y el Anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, al que se incorporarán las disposiciones mencionadas y que sólo está a falta de los informes del Consejo Económico y Social (CES) y el Consejo Consultivo. De todo ello se informará esta tarde a los máximos representantes del Diálogo Social.
Céntimo sanitario
Lo más llamativo del borrador es la incorporación del llamado 'céntimo sanitario', que responde a la necesidad de obtener nuevos ingresos que compensen la caída de la recaudación por las figuras impositivas tradicionales y a la insuficiencia de los recursos procedentes del sistema de financiación. La tarifa autonómica en el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, que ya existe en 9 de las 13 autonomías de régimen común -se excluyen las islas-, será de 4,8 céntimos por litro de gasolina, gasóleo de uso general y queroseno, y de 0,2 céntimos por tonelada de fuelóleo, lo que permitirá que la Junta ingrese 140 millones de euros anuales que se destinarán al pago de la Sanidad. Queda exento el gasóleo de uso especial, que es el que precisan agricultores y ganaderos para el desarrollo de su actividad, así como el gasóleo de calefacción.
Por otra parte, el anteproyecto contempla la creación de lo que se conoce como 'ecotasa', impulsada por la Junta a raíz de una proposición no de ley que aprobaron todos los grupos políticos representados en las Cortes. Gravará el daño medioambiental causado por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión. Proporcionará 60 millones al año al Gobierno regional, que servirán para sufragar acciones de carácter medioambiental, mejoras en la eficiencia energética y el abastecimiento más eficiente de parques empresariales y tecnológicos y empresas, y ello sin que tenga incidencia en la tarifa eléctrica que pagan los ciudadanos.
Para finalizar, el texto incluye el Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos, que se estima que aportará 12 millones de euros anuales que se dedicarán a financiar actuaciones medioambientales realizadas por los entes locales.
Se declaran indisponibles los créditos
Entre los aspectos significativos figura además que en enero la Junta declarará indisponibles tantos recursos como sean necesarios para respetar el objetivo de estabilidad para 2012. El fin último de esta medida es que Castilla y León continúe entre las autonomías que cumplen este mandato, puesto que en 2010 cerró con un déficit del 2,26% frente al 2,40% permitido y en el tercer trimestre de 2011 -último dato publicado- registró el -0,82% en términos de Contabilidad Nacional, porcentaje que le sitúa en condiciones de no superar el -1,30% autorizado para todo el ejercicio.
En cuanto a los gastos, se prorrogarán los de personal (capítulo 1), los necesarios para el funcionamiento ordinario de los servicios públicos (dentro del capítulo 2) y los derivados del pago de la deuda pública (capítulos 3 y 9). Con cargo a los capítulos 4, 6, 7 y 8 sólo podrán imputarse compromisos en vigor a 31 de diciembre de 2011 que impliquen obligaciones a 1 de enero de 2012, así como los ligados a programas plurianuales contraídos con anterioridad y aquellos que estén financiados con recursos finalistas, siempre y cuando esté garantizado que llegarán el próximo año. Fuera de estos casos, cualquier gasto necesitará autorización de la Consejería de Hacienda, previa elaboración de una memoria justificativa de su necesidad, oportunidad y posibilidades de financiación. Las únicas excepciones son las Cortes de Castilla y León, el Consejo Consultivo y la Política Agraria Común (PAC).
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