La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades no aplicará los dos descuentos previstos en 2013 y 2014, del diez por ciento cada año, en las ayudas a cuidadores familiares de personas dependientes, según publica el periódico 'El Norte de Castilla'. Esta congelación en el ya aplicado recorte del 30 por ciento, 15 por parte del Ejecutivo central y otro tanto por parte de la Junta, forma parte de los acuerdos sobre precios de referencia que Familia ha firmado tanto con los responsables de las diversas asociaciones de discapacidad englobadas en el Cermi como con responsables de las asociaciones Acalerte y Lares, que representan al 80 por ciento de las residencias privadas de Castilla y León.
Los dependientes severos (grado II de Dependencia) verán incrementadas las cuantías máximas que reciben para garantizar que alcanzan una capacidad suficiente para acceder a un servicio profesional. Entre los acuerdos suscritos con Cermi, Lares y Acalerte figura equiparar a los dependientes severos (grado II) con los grandes dependientes (grado III) en el acceso a los servicios profesionales. De esta forma, se incrementarán las cuantías máximas que percibe una persona con grado II de Dependencia para garantizar que todos ellos alcancen una capacidad de gasto de, al menos, 1.100 euros mensuales que les permita adquirir un servicio o contratar a un asistente personal, sumando el importe de la prestación vinculada y su capacidad económica.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha explicado que con esta medida los dependientes severos (grado II) con una capacidad económica de 357 euros pasarán así de percibir 511 euros al mes a 742 euros, lo que supondrá que contarán con 1.100 euros para adquirir el servicio más caro: una plaza residencial. En el caso de que tengan una capacidad económica de 550 euros, percibirán 550 euros. Y si cuentan con 700 euros de capacidad económica, recibirán 400 euros.
En paralelo, la Administración Regional, de acuerdo con Lares y Acalerte, que aglutinan el 80% de las plazas residenciales, ha establecido que el precio de referencia por plaza residencial para personas mayores oscile entre los 1.100 y los 1.500 euros. Junto a esto, la Consejería y los representantes del sector prestador de servicios y el sector de la discapacidad acuerdan que las personas en situación de Dependencia con grado I -los moderados- puedan acceder a una plaza residencial. Aunque esta posibilidad no está amparada en el marco de protección estatal, Castilla y León abre esta posibilidad por el nivel adicional que aporta la Comunidad Autónoma.
Otra de las medida pactadas es que se elimina la previsión, recogida en el acuerdo de julio de este año, de reducir en un 10% en 2013 y en otro 10% en 2014 las ayudas económicas destinadas a cuidados familiares. La Consejería, además, se compromete a que el pago de las prestaciones económicas de todos los grados de dependencia se realice en los diez primeros días del mes siguiente a la tramitación de la nómina.
Acuerdos específicos para las personas discapacitadas
En el caso concreto de las personas con discapacidad, la Consejería y Cermi han acordado que las personas que necesiten un centro residencial más un centro de día o un centro ocupacional puedan recibir dos ayudas vinculadas que les permita acceder a las dos plazas al mismo tiempo. De esta forma, una persona con discapacidad de grado III de Dependencia contará con 2.100 euros, entre la ayuda vinculada y su capacidad económica, para acceder a los dos servicios. Una de grado II dispondrá en conjunto de 1.600 euros, y una de grado I, con un total de 1.400 euros. Esta mejora se hará extensiva al servicio de promoción de la autonomía personal.
Y, además, la Consejería se compromete a agilizar los trámites para promocionar el servicio de autonomía personal para las personas con discapacidad y adoptará, asimismo, las medidas necesarias para garantizar la progresiva integración entre los procedimientos y equipos de valoración de Discapacidad y de Dependencia. Todas estas medidas serán recogidas en una modificación de una orden que se publicará el 31 de diciembre en el Boletín Oficial de Castilla y León para que tenga efectos desde el 1 de enero de 2013.
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