El Gobierno regional entiende que ante un “posible” traspaso de la Justicia a la Comunidad, el Estado debería garantizar vía presupuestos las necesidades de inversión de Castilla y León en infraestructuras, tecnologías y nuevos órganos y unidades judiciales. Así aparece reflejado en el Pacto de la Justicia, que hoy presentó el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, a representantes del sector judicial. El Ejecutivo autonómico cree que el Estado debería garantizar que la inversión que en el futuro lleve aparejada la creación de los órganos y unidades judiciales, así como todos los gastos para su efectiva puesta en funcionamiento, correrá a cargo de su presupuesto. 

El documento incide en que en el traspaso efectivo de las competencias en materia de Justicia a la Comunidad, la Junta exigiría, más allá de la cantidad ofrecida actualmente por parte del Estado, su compromiso de hacerse cargo de las “importantes necesidades arrastra Castilla y León en materia de infraestructuras a fecha actual”. Así, por una parte, el importe de las inversiones necesarias para la reposición de los edificios judiciales en mal estado están cuantificadas en este momento en 8,7 millones de euros, importe que “debería ser objeto de una aportación adicional, la cual podría ser objeto de fraccionamiento en un máximo de tres anualidades”. 

 
Del mismo modo, el Gobierno regional señala que la Comunidad tampoco debería asumir con cargo a su presupuesto las evidentes carencias en infraestructuras existentes a la fecha de producirse el traspaso, lo que exigiría una cláusula que garantice que será el Estado quien asuma la financiación íntegra de aquellas infraestructuras que, a fecha del traspaso, resulten necesarias en Castilla y León, a juicio de la Comisión Asesora en materia de Justicia.
 
El pacto señala que el traspaso efectivo de las competencias exige una aportación del Estado adicional a la ofrecida en concepto de nuevas tecnologías, que garantice la urgente modernización de los programas y equipos que sirven a la Administración de Justicia. El coste mínimo estimado para tal actuación es de 15 millones de euros, el cual puede ser objeto de reparto en un máximo de tres anualidades.
 
El Ejecutivo autonómico aclara que si se lleva a cabo el traspaso de las competencias a la Comunidad de Castilla y León, el Estado debería garantizar, como mínimo, una partida no inferior a 13 millones de euros anuales para atender la justicia gratuita y el turno de oficio, conforme a los baremos vigentes en el resto de autonomías.
 
En relación al traspaso de competencias sobre la Justicia de Paz en Castilla y León, la Junta exige que la cantidad que transfiera el Estado por tal concepto no sea inferior a 2.440.840 euros anuales; todo ello sin perjuicio de los costes derivados del proceso actualmente en curso de informatización de registros civiles -costes que deberían asumirse por el Estado hasta su total finalización-.

En materia de personal, los costes derivados de compromisos asumidos por parte de la Administración del Estado, que a la fecha del traspaso se encuentren vigentes y pendientes de cumplimiento, deberán atenderse hasta su completa satisfacción con cargo a los Presupuestos del Estado. Por último, la Junta señala que el Real Decreto de Traspaso debería incluir una cláusula que garantice que los costes materiales (incluidos los derivados de la implantación de equipos y sistemas informáticos), de personal e infraestructuras derivados de la efectiva implantación y puesta en funcionamiento de la oficina judicial en todo el territorio de Castilla y León se llevarán a cabo con cargo al presupuesto del Estado.

Tienes que iniciar sesión para ver los comentarios

Destacados
Lo más leído