El Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Castilla y León, el Grupo Socialista y el Grupo Mixto han presentado una Proposición no de Ley, aprobada en el pleno, instando a la Junta de Castilla y León a que se dirija al Gobierno de España para que, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), propongan la modificación legislativa en materia de Seguridad Social que permita el adelanto de la edad de jubilación de los policías locales. 
 
En primer lugar, se pide el reconocimiento de la profesión de Policía Local como profesión de riesgo, poniendo fin a la situación actual en la que no se tiene en cuenta la edad funcional, así como la incidencia en los procesos de incapacidad laboral que genera y los requerimientos exigidos para el desarrollo de la labor policial. "En los estudios llevados a cabo por distintos organismos, se desprende que existen indicios de peligrosidad en el desarrollo de su actividad y que los requerimientos psicofísicos que se exigen para su ingreso en el colectivo y el desarrollo de su vida laboral no pueden hacerse a partir de unas determinadas edades, cumpliéndose de esta forma las exigencias legales para la reducción de la edad de acceso a la jubilación", explica la propuesta.

Y añade que la existencia de la jubilación anticipada en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como la inclusión de la Policía Autonómica Vasca, no hacen sino ratificar la necesidad de regulación y no discriminación por analogía del resto de policías. "En este sentido, los estudios actuariales de costes llevados a cabo despejan cualquier duda sobre el beneficio en la adopción de esta medida, en el sentido de que el incremento del coste social derivado del adelanto de la edad de acceso a la jubilación en este colectivo, se compensaría con el rejuvenecimiento de las plantillas y su indudable impacto sobre las cifras de absentismo y periodos de incapacidad temporal, el descenso en el abono de complementos de antigüedad, amén de mejorar el rendimiento de las plantillas y garantizar la prestación del servicio con unas adecuadas condiciones psicofísicas que incide en mejorar la Seguridad Social", concluye.

 

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