El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha mantenido una reunión de trabajo con las entidades que se han adherido al Servicio de Apoyo Integral a las Familias en Riesgo de Desahucio. Este servicio estará en marcha a primeros de noviembre. Más de 76 profesionales trabajarán en la Comunidad para guiar a las familias en la búsqueda de una solución, basada en la prevención y, en especial, en la intermediación de la Administración Regional ante entidades financieras para tratar de elaborar planes de reestructuración de la deuda u otras alternativas que permita a las familias conservar sus viviendas habituales.
El servicio está orientado fundamentalmente a familias integradas socialmente que presentan una situación de riesgo de insolvencia por sobreendeudamiento que pone en peligro el mantenimiento de su vivienda habitual. El primer paso será detectar, en fases tempranas, la existencia de una situación de riesgo. La voz de alerta puede llegar de las propias familias, pero también desde los Servicios Sociales, las entidades del tercer sector o las propias entidades financieras. Todos ellos podrán intercambiar información actualizada.
La puerta de entrada a este programa se realizará a través del teléfono 012, que cuenta desde hoy mismo con un protocolo de atención activo, que permite evaluar el caso, determinar el cumplimiento de los requisitos de acceso, la urgencia y, sobre todo, asignar citas a las familias con profesionales que atenderán cada caso en la oficina local que le corresponda.
Más de 50 trabajadores de las corporaciones locales -ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones-, que han recibido en estas últimas semanas formación específica, diseñarán, en coordinación con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, Planes de Economía Familiar individualizados. Así, les ofrecerán apoyo profesional para afrontar las consecuencias de la nueva situación de sobreendeudamiento, les asesorarán sobre medidas de control de gasto, al mismo tiempo que les informarán sobre todos los apoyos que brinda el sistema de Servicios Sociales y a los que pueden acceder para evitar el riesgo de exclusión.
Asesoramiento
En segundo lugar, estos trabajadores (titulados en Derecho, Economía o Trabajo Social) ofertarán a la familia información y asesoramiento en relación con las dificultades en el pago de los préstamos hipotecarios y las consecuencias que pudieran tener sus impagos. Y es que, como advierten los profesionales, en muchas ocasiones las familias entran en estado de shock que les impide reaccionar a tiempo y estudiar posibles soluciones.
Toda la información proporcionada por las oficinas locales sobre cada uno de los casos será analizada en los servicios centrales de la Consejería de Familia, quienes, cuando sea preciso, actuarán como interlocutores entre las familias y las entidades financieras titulares de los préstamos, tratando de estudiar soluciones adaptadas a su capacidad económica. El objetivo es ayudar a las familias a elaborar un plan de reestructuración de la deuda u otras alternativas, que posibiliten la obtención de un acuerdo entre ambas partes. Para ello, las entidades financieras se comprometen a designar a un interlocutor único en cada entidad para analizar las diferentes propuestas, formuladas por la Oficina Central, para evitar el posible desahucio.
Asimismo, se ofrecerá orientación laboral, a través del Servicio Público de Empleo, a aquellas personas que lo necesiten. No hay que olvidar que la pérdida del empleo está siempre detrás de esa merma de ingresos que hace peligrar el pago de la hipoteca. En los casos en que estas actuaciones no hayan impedido que se produzca al final el lanzamiento, se derivará a las familias a otros servicios alternativos, como la percepción de la Renta Garantizada de Ciudadanía o la búsqueda de alojamientos alternativos, que sirvan para aliviar su complicada situación económica y social.
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