El pasado mes de octubre se constituyó la Mesa para la Ordenación del Territorio con el objetivo de alcanzar un gran pacto político y social sobre el modelo territorial para la Comunidad Autónoma, que se presenta como uno de los retos de esta legislatura. En la reunión, convocada por el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, se abordaron las líneas generales a tratar, entre las que destaca que es preferible agrupar los municipios rurales en distritos en lugar de reducir su elevado número, como ocurre en provincias como Salamanca, con 362 municipios, muchos de ellos compuestos por varias localidades y con menos de 200 habitantes en total.
 
"La necesidad de mejora que surge en tiempos difíciles exige nuevos proyectos, nuevos impulsos, nuevas iniciativas, sin olvidar la necesaria prudencia. El objetivo básico de la Ordenación del Territorio -lo dice la Ley de Directrices Esenciales- es el fomento de la calidad de vida de los ciudadanos. A ello se ha dirigido la acción de la Junta en el despliegue sectorial de servicios e infraestructuras. Sin embargo, contar con un modelo municipal eficiente es imprescindible para llegar a todos los ciudadanos, ya que los municipios son la unidad territorial y la administración más cercana. Por eso entendemos que cualquier modelo de ordenación que se plantee deberá estar basado en el municipio como pieza clave", explica el documento.
 
Por todo ello, y atendiendo a la singularidad de nuestro mapa municipal, el modelo propuesto plantea un ajuste en el funcionamiento de las Administraciones locales, sin necesidad de crear nuevas estructuras administrativas. "La clave está en fortalecer los entes locales promoviendo una referencia territorial más sólida y fuerte para la acción de las administraciones públicas que permita mayor coordinación y eficiencia entre ellas", añade.
 
La finalidad de este documento de propuesta, desde una perspectiva abierta, es la de servir de base para el trabajo de la Mesa para la Ordenación del Territorio, marco del diálogo institucional que debe permitir alcanzar el Acuerdo antes citado. El nuevo modelo encontrará su plasmación en un Proyecto de Ley de Gobernanza, Ordenación y Servicios en el Territorio, que trasladará a nuestro ordenamiento lo pactado, y que también dará regulación a nuestros programas sectoriales en el territorio. Sobre la base del acuerdo que se alcance y la nueva ley, se fomentará un nuevo Pacto Territorial, que sustituya al actual Pacto Local y que refuerce el modelo de ordenación y gobernanza implantado. Dicho pacto se negociará con la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León.
 
Asociación entre municipios, no fusión
 
Continúa el texto: "Frente a la alternativa que planteamos de asociación entre municipios y de asistencia por las Diputaciones, sobre todo a los más pequeños, se están planteando opciones que pretenden reducir significativamente el número de municipios por la vía de la fusión o integración entre ellos, buscando una mejora en el ejercicio de sus competencias por efecto directo del incremento del tamaño. Sin embargo esta opción plantea dudas, no sólo por el arraigo de los ciudadanos a sus entidades locales y las escasas experiencias materializadas en este sentido, sino porque, con independencia de las dimensiones- se ha de seguir atendiendo a los mismos ciudadanos, prestando servicios en los mismos lugares, en el conjunto de los núcleos de población existentes, cada uno con sus peculiaridades".
 
Por eso, "la integración puede generar economías de escala pero no disminuye el nivel o la intensidad de los servicios a prestar pues no cabe modificar a la fuerza el lugar de residencia de las personas. Sin duda, la supresión sistemática de municipios plantea serias dificultades y elevados riesgos de fracaso, por lo que es precisa una alternativa generalizable. Por todo ello, el modelo aquí propuesto insiste en el mantenimiento y fortalecimiento de los municipios y de los entes locales menores existentes".
 
Las nuevas unidades básicas de ordenación: los Distritos de Interés Comunitario
 
La asociación municipal cuenta con tradición histórica y permite una territorialización más adecuada de las iniciativas del Gobierno Autonómico en sus distintas políticas. Los modelos existentes de asociación entre municipios y de asistencia por las Diputaciones necesitan mayor claridad y coordinación para abordar los desafíos hoy planteados. La propia Ley autonómica de Régimen Local establece en su artículo 32 que "aquellas mancomunidades cuyo ámbito territorial concuerde sustancialmente con espacios de ordenación territorial para la prestación de servicios estatales, autonómicos o provinciales, podrán ser declaradas de interés comunitario".
 
"Estamos, por lo tanto, ante una previsión en la que confluyen gobierno y ordenación del territorio y donde la declaración posibilita beneficios institucionales y económicos. El modelo propuesto, que integra ordenación y gobierno del territorio, se funda en la constitución ordenada de asociaciones voluntarias de municipios, denominadas distritos de interés comunitario, que serán las nuevas unidades básicas de la ordenación del territorio", concluye el documento.

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