La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado reclama al Gobierno la convocatoria urgente de la Mesa General de las Administraciones Públicas para analizar las consecuencias jurídicas de la sentencia conocida del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y las anteriores de Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre personal interino.
De entrada, CSIF considera que se debe establecer una oferta de empleo público acorde a las necesidades de nuestras administraciones públicas y que evite el abuso de la contratación del personal interino. En este sentido, ha iniciado una campaña informativa, a través de sus delegados sindicales, para explicar las consecuencias de las sentencias. Además, desde ya, el sindicato ofrece su asesoría jurídica para analizar los conflictos por la situación de interinidad que previsiblemente se producirá en nuestras administraciones.
Las sentencias ponen de relieve las graves lagunas que padece el ordenamiento jurídico español en la protección de los trabajadores temporales de las administraciones y los abusos en la contratación, tanto en lo que se refiere a las indemnizaciones como al encadenamiento de contratos de interinos para cubrir necesidades estructurales.
En el conjunto de nuestras administraciones públicas, según cálculos de CSIF a partir de la Encuesta de Población Activa, hay cerca de 300.000 personas que ocupan un puesto temporal, para cubrir la ausencia total o parcial de un trabajador. La tasa de interinidad es por tanto cercana al once por ciento, aunque en algunos sectores como la Educación, la Sanidad o la Justicia alcanza el veinte por ciento.
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