Los Juzgados también investigan a los ex dirigentes de Caja España antes de su fusión con Caja Duero, pues la Fiscalía ve indicios de delito en la gestión de los directivos desde el año 2008, según consta en el escrito de respuesta a una denuncia presentada porm Izquierda Unida al detectar que ha podido llevarse a cabo varias prácticas de administración desleal. Una gestión que ha derivado en la complicada situación económica de la entidad financiera, a punto de ser nacionalizada de no ser por el proceso de conversión en Banco Ceiss para su integración en Unicaja Banco.
Según consta en la denuncia a la que ha tenido acceso SALAMANCA24HORAS, desde hace cinco años diferentes consejeros "han intervenido de forma decisiva en los consejos de administración a fin de obtener bien créditos de escasa solvencia o en condiciones mucho más ventajosas que a otros ciudadanos o empresarios les serían denegados, o bien condiciones de prejubilación que han perjudicado a terceros o en los que las entidades públicas de ahorro han dejado de observar su propia normativa y convenios colectivos, con fuerza de ley".
Uno de estos consejeros, Francisco Rubio, según denuncia IU, habría obtenido créditos y avales por un monto superior a 27 millones de euros en el último año, "siendo especialmente llamativo un préstamo personal por 13 millones de euros para una empresa cuyo nombre no se especifica, algo que es inimaginable para cualquier ciudadano". Préstamos que se suman a otros en 2006 y 2007 y líneas de avales por 51,1 y 27,9 millones de euros, respectivamente.
Otro caso es el del que fuera presidente de Caja España, Santos Llamas, con cinco préstamos a empresas vinculadas por importe de 17,6 millones de euros, segun continúa la denuncia de IU que investiga la Fiscalía. A lo que se añadiría otro préstamo hipotecario de 15,2 millones u operaciones de renovación de cuenta de crédito, de línea de avales y ampliación de préstamo a promotor a una empresa vinculada por valor de 5,1 millones.
Finalmente, en la denuncia se recoge que el ex alcalde de León, Francisco Fernández, podría haber incurrido en un posible tráfico de influencias, "toda vez que ha logrado su prejubilación estando de excedencia, saltándose la preferencia con la que contaban más de cien trabajadores de la entidad, en función de las condiciones pactadas entre la Caja y los agentes sociales, toda vez que las prejubilaciones habrían de concederse a partir de los 55 años y por orden de nacimiento".
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