El pasado martes 25 de septiembre tuvo lugar en Madrid la convocatoria de movilización “Ocupa el Congreso” siguiendo el patrón de movilizaciones que están emergiendo en nuestro país contra la oleada de recortes que estamos sufriendo. El objetivo de dicha convocatoria era rodear el Congreso de los Diputados “para rescatarlo de un secuestro por parte de la Troika y los mercados financieros, que ha convertido esta institución en un órgano superfluo”, en palabras de sus propios convocantes. El Gobierno había manifestado su intención de controlar las inmediaciones del Congreso con un despliegue policial de más de 1.300 antidisturbios.

El transcurso de la jornada se saldó con 28 detenidos y 64 heridos, de los cuales 28 necesitaron hospitalización inmediata, uno de ellos en estado muy grave con una lesión medular. Lo ocurrido durante la convocatoria del 25S ha dado pie a nuevas movilizaciones como las ocurridas el día siguiente o ese mismo sábado 29S. El objetivo de la policía en todas ellas ha sido impedir que su actuación se extendiera a la opinión pública a través de los medios..

A pesar de la labor del Gobierno y de los medios oficiales en no difundir las actuaciones policiales durante las pasadas convocatorias de protesta, el debate en torno al derecho de manifestación y la capacidad de actuación policial ha penetrado en la opinión pública recientemente. Hace una semana, Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid, inició la apertura de un debate sobre la modificación de la normativa de las manifestaciones ciudadanas. Esta posibilidad desató un alto grado de polémica entre la población. Inmediatamente después, el ministro del interior, Jorge Fernández Díaz, anunciaba únicamente una posible reforma del Código Penal, y la redacción de una nueva Ley de Protección Ciudadana.

Ante la posible modificación del Código Penal, alumnas de la Facultad de Sociología han realizado un sondeo para SALAMANCA24HORAS. Del total de encuestados, fueron menos jóvenes los que respondieron que estaban a favor de la modificación del Código Penal, que los que estaban en contra. Por otro lado, aquellos que se niegan a la modificación de esta ley, dicen estar siendo tratados como “marionetas”, y afirman que estas medidas solo acabaran perjudicando a aquellos manifestantes que actúen incluso únicamente de forma pacífica, mientras que “otros” sectores de la población (entre los que mencionaron asesinos, políticos corruptos, etcétera) seguirán impunes, “como ha sido siempre”, según nos comentaban nuestros encuestados.

Pasando al colectivo adulto, entre los 30 y los 65 años, la gran mayoría están a favor de esta modificación, y todos ellos afirman gozar de un trabajo “relativamente” estable; además añaden que la población está sobrepasando el número natural de manifestaciones, y que éstas han perdido su valor, por lo que estaría bien disiparlas hasta que los movimientos se reorganicen de nuevo. Por su parte, los mayores de 65 están igualmente a favor. 

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