En España hay alrededor de 700.000 personas infectadas por el virus de la  hepatitis C.  Aunque la enfermedad es asintomática en el 85% de los casos, puede evolucionar a hepatitis crónica (55-85% de pacientes) y en menor medida (5-25%)  cirrosis en un plazo de dos o tres décadas, y cáncer de hígado. El tratamiento existente hasta ahora, a base de Interferón pegilado combinado con Ribavirina, no está indicado en todos los casos y presenta efectos secundarios no siempre tolerados por los pacientes.
 
Recientemente un laboratorio farmacéutico norteamericano ha comercializado un medicamento que parece capaz de curar la enfermedad, aunque en combinación con uno o los dos medicamentos tradicionales (Interferón y Ribavirina). Siguiendo una estrategia comercial el fabricante  ha fijado un precio de 80.000 euros al año al que habrá que añadir el coste de los otros fármacos, frente a 900 euros anuales en Egipto, donde  la población es pobre, aunque dado que la infección es 10 veces más frecuente (10% de la misma está infectada) supone un nicho de negocio en torno a los 5000 millones de euros en ese país para el laboratorio farmacéutico.
 
En España tratar a las 800 personas en situación crítica (con riesgo de muerte a corto plazo) supondría 65 millones de euros al año, tratar a las 10.000 personas que  fallecen anualmente por esta enfermedad elevaría la factura a  800 millones de euros y tratar a todos los afectados por hepatitis crónica  puede alcanzar la astronómica cifra de 60.000 millones, consumiendo todo el presupuesto sanitario público. Ante esta situación, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública considera que todos los pacientes afectados por esta enfermedad tienen derecho a recibir un tratamiento que si se confirman las últimas noticias podría curarles. En ese caso debería ser garantizado por el sistema sanitario público
 
Añade que "el laboratorio fabricante del medicamento está sometiendo a un chantaje y un intento de saqueo inaceptable a la sanidad pública fijando un precio prohibitivo", pues fabricar cada pastilla solo cuesta 3 euros y es vendida por un precio más de 200 veces superior. En el caso de mantener el precio, incluso aunque tras las negociaciones en curso este se reduzca ostensiblemente,  al tratar a todos los afectados la sanidad pública entraría en quiebra y si debido a este hecho el SNS no lo cubre, solo podrían tratarse las personas ricas.
 
Por todo ello, exigen que el Gobierno plantee a la Unión Europea una estrategia conjunta frente al laboratorio para que comercialice el medicamento a un precio razonable. "Los enfermos deberán tener a su disposición este y cualquier otro tratamiento si se demuestra su eficacia, sin poner en quiebra el sistema sanitario. Es esencial desarrollar una estrategia de investigación pública de nuevos medicamentos renunciando a la colaboración público privada que perpetuaría esta situación. Abandonar la política de privatización destinada a introducir el mercado y la competencia en las relaciones sanitarias por ser incompatible con el derecho a la salud y la sostenibilidad del sistema público", concluye la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.

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