Continúan las reacciones contra la exclusión de los inmigrantes irregulares del sistema sanitario. Médicos y asociaciones que defienden a este colectivo han mostrado su rechazo no sólo a esta norma, sino también a la intención del Ministerio de Sanidad de cobrar 710 euros al año a los ‘sin papeles’ por ser atendidos en el sistema público. La medida aprobada por el Gobierno, que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre, así como la intención de cobrar unos 60 euros al mes a este colectivo por acceder a la red sanitaria pública ha desatado la polémica.
Uno de los colectivos más implicados en esta situación, los médicos, han mostrado su rechazo a esta norma. Mientras que la iniciativa de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), que pide recurrir a la objeción de conciencia, ya ha logrado la adhesión de cientos de facultativos, la Organización Médica Colegial (OMC) ha advertido que limitar a los inmigrantes ilegales el acceso a la sanidad pública puede provocar, a medio y largo plazo, problemas económicos e infecciosos.
Las asociaciones que defienden a los inmigrantes ilegales también se han alzado contra las pretensiones del Gobierno. Colectivos como a asociación de ecuatorianos Rumiñahui, la organización Pueblos Unidos y la Red Acoge han criticado la idea de cobrar a los ‘sin papeles’ por acceder al sistema público de salud. Así, señalan que la medida aprobada por Sanidad aumentará las desigualdades socioeconómicas de este colectivo y recuerdan que “las personas en situación irregular contribuyen a través de sus impuestos indirectos al sostenimiento de la sanidad pública”.
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