Los médicos objetores atienden a los inmigrantes irregulares que han perdido su tarjeta sanitaria tras la entrada en vigor del Decreto-Ley 16/2012 y después las Comunidades Autónomas facturan lo que corresponda, como se hace con los accidentes laborales y las mutuas. Al ver el crecimiento de facultativos que no cumplirían el decreto del Gobierno, Sanidad tuvo que anunciar que no los sancionaría y permitir que ejercieran su derecho de objeción de conciencia.

Más de setenta médicos de Castilla y León se han acogido al derecho de objeción de conciencia para poder atender a inmigrantes sin papeles pese a que el decreto ley del Gobierno los excluye ya del sistema sanitario público, según datos de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC). El Colegio Oficial de Médicos de Salamanca también se postuló sobre esta cuestión para poder seguir prestando asistencia a los inmigrantes que se encuentran en situación irregular en España.

Justificaba esta decisión, en primer lugar, "en la estrecha vinculación entre conciencia y libertad son los atributos que constituyen la clave de bóveda en que se apoya la dignidad humana". A lo que apostillaba que "la objeción de conciencia es una manifestación responsable para expresar, de forma testimonial, que eticidad y legalidad son dos conceptos que pueden no coincidir y que, por supuesto, el carácter  de moralidad de una Ley no va unido a la unanimidad de una votación parlamentaria, sino que depende de los valores que promueva y defienda".

El comportamiento conforme con las creencias de la persona es algo que necesariamente incluye la objeción de conciencia, añadía el Colegio de Médicos de Salamanca. Y recordaba que es posible legalmente y obligado éticamente recurrir a la objeción de conciencia, según la sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de abril de 1985 y el artículo 16.1 de la Constitución Española. "El derecho a la objeción de conciencia viene expresamente amparado en el Código de Ética y Deontología Médica, en su artículo 32. Todo ello con el compromiso de la respectiva organización colegial, de respaldar a sus colegiados", apostilla.

Por eso, "en unos momentos en los que la discriminación en la asistencia sanitaria está sometida al capricho de reclusos de toda calaña, que exigen tratamientos y pruebas a la carta, no se puede poner en cuestión la asistencia a personas que viven en nuestro país y que ya han sido atendidas tiempo atrás por nuestros médicos y a las que no van a abandonar. Es deber del médico atender a sus pacientes, con sus medios públicos y dentro de su horario".

 

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