El paro bajó por primera vez un mes de noviembre, pero la Seguridad Social continúa a la baja. La letra pequeña de los datos del desempleo muestra que el fraude fiscal, la temporalidad laboral y la precariedad son la nota predominante en la provincia de Salamanca, donde la contratación aumentó hasta noviembre respecto al año pasado, para un total acumulado este año de 5.500 contratos más que en 2012, pero apenas se firman indefinidos, sólo el siete por ciento, un punto menos que durante el ejercicio anterior y lejos del diez por ciento al inicio de la crisis, antes de las sucesivas reformas laborales de los gobiernos socialista y popular.
De hecho, la provincia charra cuenta con la mayor tasa de temporalidad laboral de Castilla y León. Los continuos planes de choque económicos puestos en marcha pretendían incidir en la contratación indefinida para frenar las operaciones laborales de carácter temporal, sobre todo en los jóvenes. El Ejecutivo aprobó hace un año y medio una reforma laboral para fomentar la contratación indefinida, y los datos continúan estancados en este sentido.
Mientras, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha detectado un importante aumento de la economía sumergida y el fraude fiscal, que ha supuesto una caída de la recaudación tributaria. Los datos del paro difieren cada trimestre entre Gobierno e Instituto Nacional de Estadística en un contexto donde la economía sumergida alcanza ya a la cuarta parte de los trabajadores. Según la Asociación de Trabajadores Autónomos, en Salamanca hay 9.000 trabajadores que no declaran su actividad laboral, alcanzando el mercado negro más de 500 millones de euros al año en la provincia charra. Los técnicos de Hacienda presentan estimaciones aún más alarmantes, en torno al 23 por ciento del PIB.
Sectores como el de la construcción, la hostelería y la restauración, la agricultura, el trabajo doméstico en hogares que emplean personas y las actividades extraescolares concentran el fraude fiscal, según Hacienda. Y añade que los servicios de todo tipo a las empresas, el transporte de mercancías por carretera y determinadas actividades de asistencia técnica en diferentes administraciones públicas son sectores que pueden tener mayor incidencia de la economía sumergida y el trabajo irregular.
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