La Dirección General de la Guardia Civil debería haber adjudicado destino a los Guardias Civiles en un plazo de tres meses. Sin embargo, y tras prorrogar el plazo legal para resolver las vacantes por supuestos errores informáticos, miles de Guardias Civiles y sus familias, vivieron una gran incertidumbre y sufrieron importantes perjuicios, hasta el 21 de mayo en que se publicó una resolución destinándoles –después de una resolución anterior plagada de errores-, más de cinco meses después de haber solicitado destino. Un incumplimiento de plazos que los Guardias Civiles más veteranos no recuerdan que haya ocurrido en los últimos tiempos.
AEGC pidió entonces amparo a la Defensora del Pueblo, por este anormal funcionamiento de la Administración, que causó graves perjuicios a la conciliación de la vida familiar y laboral de miles de Guardias Civiles y sus familias. Los Guardias Civiles no sabían en qué centros matricular a sus hijos (en algunos casos había finalizado el periodo de matriculación), cómo organizar sus vidas, si renovar alquileres o no, incluso cónyuges de Guardias Civiles se vieron obligados a rechazar puestos de trabajo…
Ahora la Defensora del Pueblo promoverá la investigación oportuna para esclarecer los hechos. AEGC se mantiene firme en su propósito de que deben depurarse las correspondientes responsabilidades ante la desastrosa gestión realizada por el órgano encargado de asignar los destinos.
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