El Ministerio de Economía ha convocado una comisión de expertos para buscar soluciones al problema social de los embargos y los desahucios. En ella estarán, además del Gobierno, las patronales más significativas del sector financiero español: la de la banca (Aeb), la de las cajas de ahorros (Ceca) y la de las cooperativas de crédito (Unacc). El ministro asegura que ni al Gobierno ni a la banca le interesa que se produzcan esos desahucios, que se han disparado con la crisis y han llevado a miles de familias a perder sus casas y a mantener la deuda hipotecaria con el banco.

Las ejecuciones hipotecarias experimentaron un importante aumento en el tercer trimestre del 2011. Según se desprende del informe Datos sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales elaborado por el Consejo General del Poder Judicial, en los Juzgados de Primera Instancia y en los Juzgados de Primera Instancia e instrucción ingresaron 272 ejecuciones en la provincia de Salamanca, catorce más que el año pasado. Además, hubo 202 desahucios por falta de pago de la vivienda y siete por falta de pago del alquiler. 

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