Entre las conclusiones aprobadas por el Pleno del Congreso, cabe destacar: En lo relativo a la ponencia “¿Custodia compartida o interés del/la menor?”, las
congresistas consideran que el interés del/la menor requiere una solución individualizada a cada situación, y éste se ve vulnerado si legalmente se impone algún sistema como preferente. Entienden que la custodia compartida no es lo mismo que custodia repartida. La primera implica voluntariedad y consenso, imposibles en un procedimiento contencioso, por lo que imponerla resulta contrario al interés del/la menor. Desde la práctica de la abogacía, constatan que la demanda de la custodia compartida encubre la lucha por la defensa de los intereses económicos de cada progenitor ante la ruptura: las consecuencias en pensiones alimenticias, cargas familiares y uso de la vivienda.
Asimismo, tal como dice la exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2004, de 29 de diciembre de violencia de género, los menores son siempre víctimas de violencia machista cuando ésta existe.
Por lo tanto, no procede la diferenciación que algunas legislaciones autonómicas hacen al aludir a la necesidad de que se produzca un perjuicio específico a los menores. Esta exigencia,además, minimiza e invisibiliza la violencia psíquica, ignorando el interés del/la menor.
Recuerdan que aunque nuestro Código Civil no regula de forma expresa el contenido del concepto del interés del menor, tanto el derecho comparado como la jurisprudencia y las más recientes legislaciones autonómicas ya lo han recogido. Considerando que el interés del/la menor es prevalente como principio general en nuestro ordenamiento jurídico, exigen que los criterios que han de conformarlo en los procesos de separación o divorcio queden especificados, y se apliquen.
Sobre la ponencia “Las dificultades en la defensa de los derechos de las mujeres en el ámbito penal”, las congresistas han concluido que, teniendo en cuenta que según datos del Consejo General del Poder Judicial, se sobreseen el 49% de las denuncias por violencia machista y que, en un 11.6% de los casos, la víctima renuncia a continuar con la acusación, el XXIV Congreso Estatal de Mujeres Abogadas exige que se garantice el asesoramiento jurídico previo a la denuncia y
durante todo el procedimiento a todas las víctimas de violencia machista en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Integral 1/2004. Reclaman también la urgente creación de las Unidades de Valoración Forense Integral en aquellos territorios donde no se hayan constituido. Además exigen que los incumplimientos de las medidas de alejamiento impuestas al agresor, sean investigadas por el mismo Juzgado que las dictó.
Respecto a la ponencia “El impacto para las mujeres de la reforma del sistema de pensiones”, las abogadas han denunciado que el refuerzo del principio de contributividad que efectúa la Ley 27/2011 de Reforma de Pensiones perjudica seriamente a las mujeres. Ello es debido a la falta de oportunidad en el acceso y sobre todo, la permanencia en el empleo, la contratación temporal y/o a tiempo parcial, los salarios inferiores a los del hombre y la privatización del sistema
de seguridad social con la incentivación fiscal de los planes de pensiones.
Además, valoran positivamente la integración del Régimen Especial de Empleadas de Hogar en el Régimen General de la Seguridad Social, pues visibiliza a las miles de trabajadoras en situación precaria, como desde hace tiempo las abogadas vienen denunciando. Pero exigen al mismo tiempo el avance en la equiparación de este sistema especial con el general del resto de trabajadores por cuenta ajena.
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