El repunte de la tasa anual del IPC de abril se debe a juicio de Comisiones Obreras (CCOO) a la estabilidad de la electricidad (frente a la bajada del año pasado), a la subida de los carburantes (frente a la caída del año pasado) y al aumento de los precios de la hostelería y el viaje organizado al caer este año en abril la Semana Santa.
Así, considera que a pesar de la moderación de los precios en algunos bienes y servicios básicos sujetos a regulación, los niveles siguen estando muy altos, como en la electricidad, donde pagamos unas de las facturas más altas de Europa, lo que resta competitividad a las empresas (especialmente a las pymes), tiene fuertes efectos negativos sobre las personas y ha agudizado los problemas de los hogares con mayores dificultades económicas: pobreza energética, cortes de suministros...
Para CCOO es necesaria otra política económica, que reactive la demanda interna mediante un mayor aumento de los salarios (0,56% es la subida media pactada hasta abril) ahora que hay margen para ello tras el fuerte ajuste realizado desde el lado de la oferta. Es imprescindible también una reforma tributaria que abarate los bienes y servicios de primera necesidad (en línea con la propuesta de IVA superreducido planteada por CCOO) y que consiga los recursos suficientes para poner en marcha un plan de choque por el empleo de calidad, que junto a una renta mínima garantizada evite que el desempleo se convierta en estructural y que ofrezca una alternativa real y efectiva a los seis millones de parados.
Por su parte, la Unión General de Trabajadores (UGT) afirma que los últimos datos del Índice de Precios de Consumo "nos sitúan en un escenario económico extremadamente grave, en el que al ínfimo crecimiento de la actividad económica y al elevado nivel de desempleo que venimos arrastrando desde que comenzó la crisis económica, se une ahora un riesgo derivado de un exiguo crecimiento de los precios, con las consecuencias perjudiciales que de ello se deriva para cualquier economía, tanto en términos de actividad económica y financiera, como en términos de empleo".
Para el sindicato, "conviene recordar que la situación de los precios en nuestro país es el resultado de las políticas económicas impuestas en nuestro país desde mayo del año 2010. Los desmedidos ajustes en los estados de gastos de los presupuestos, así como las sucesivas reformas laborales y de la negociación colectiva, que han provocado un empobrecimiento significativo de los trabajadores, tanto en términos de derechos como de salarios (tanto en términos reales como nominales), además de reformas como la de las pensiones, ha generado que la demanda interna, principal pilar de nuestra economía, se haya ralentizado enormemente".
Por eso, a juicio de UGT, la recuperación de la demanda nacional vía consumo privado de las familias requiere "de una disponibilidad de rentas que hoy no existe en nuestro país, dada la continua pérdida de poder adquisitivo de salarios, pensiones y prestaciones. Pero es que además hay ya casi dos millones de hogares con todos sus miembros en paro y más de 700.000 sin ningún tipo de ingresos. Y más teniendo en cuenta las terribles secuelas que han causado las políticas de austeridad en forma de desigualdades económicas y sociales, en términos de pobreza y de exclusión social, situaciones cada vez más extendidas: la tasa de riesgo de pobreza se situó en 2013 en el 21,6% de la población residente en España, y aumenta un punto más entre la población de 16 a 64 años, es decir, la que está en edad de trabajar".
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