Según el letrado, la ley de justicia gratuita llevaba vigente dieciséis años y requería una adaptación. “Debía adaptarse a la realidad social y económica del país”, señaló. Para Nieto, mantiene el modelo de la vigente ley, al seguir gestionado por los colegios de abogados, organizando el turno de oficio y las guardias, un servicio prestado por abogados libres e independientes. “A partir de aquí, se han realizado mejoras en derechos para determinados colectivos, como víctimas de violencia de género, víctimas de terrorismo, menores y discapacitados. También aumenta el umbral en noventa euros mensuales respecto la renta y para familias de cuatro o más miembros se amplía tres veces el límite“.
Sin embargo, para el decano hay algunos aspectos que quedan en el aire, como son las vías previas en el ámbito laboral, en el ámbito administrativo, el ámbito de extranjería y en el ámbito penitenciario, como es el caso del centro penitenciario de Topas en el que tenemos un servicio, como muchos otros centros, que carece de regulación legal. De todos modos, esta ley todavía tiene recorrido, y el próximo martes en Salamanca está convocada una reunión de la Comisión Nacional de Justicia Gratuita, y es aquí donde se abordarán estas posibles propuestas de mejora.
Como novedad, Luis Nieto destaca de este borrador la incorporación de limites para la justicia gratuita. Estará regulada y si se utiliza más de tres veces en un año se deberá justificar, salvo en los asuntos penales. La ley, también introduce como novedad, un comité de consultas, para que las comisiones de justicia gratuitas provinciales mejore el acceso del ciudadano y se evite las desigualdades que hasta ahora se podían producir. No solo de una comunidades a otras sino de unas provincias a otras. “Hay que aplicar muchos más criterios que el económico del IPREM, hay que ver si los ingresos son brutos o netos por ejemplo. Esto hasta ahora no se contemplaba y el anteproyecto lo resuelve de manera que son brutos”, afirmó.
Finalmente, respecto las palabras del ministro Gallardón, que aseguraba que “las tasas iban ha garantizar la justicia gratuita”, Luis Nieto piensa que en ningún caso se puede vincular las tasas con la justicia gratuita, “no debe servir de justificación porque la justicia gratuita es un derecho constitucional que debería estar garantizado. Parece que unos ciudadanos pagan la justicia a otros, nosotros seguimos en contra de unas tasas que nos siguen pareciendo abusivas”, señaló.
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