La Ley de Memoria Histórica cumplirá el próximo año una década desde su entrada en vigor. Desde entonces, muchos han sido los símbolos franquistas eliminados y los nombres de calles cambiados, pero los incumplimientos perduran de forma reiterada en muchos ayuntamientos. ?No pueden ser cómplices del golpe de estado de 1936, contra la legalidad de la Segunda República?, afirma el abogado Eduardo Ranz, que ha emprendido una amplia batalla judicial.
En diversas entrevistas ha asegurado que su objetivo era reabrir el debate en la sociedad, pero sobre todo implicar a los propios vecinos de cada municipio para que denuncien los incumplimientos de la ley. Algo que le ha acarreado muchas antipatías, como ha comprobado en primera persona a través de correos electrónicos, mensajes en redes sociales o incluso el intento de hackearle la página web de su despacho de abogados.
Situaciones que podrían haberse evitado, a su juicio, con un mayor control por parte del Gobierno. ?Me parece impresentable que un gobierno, tras cuarenta años de democracia, no resuelva este problema. Por desgracia, las víctimas del franquismo sienten que si fueran otra clase de víctimas, la respuesta por parte del Estado habría sido radicalmente opuesta?, asegura.
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