El Colegio de Procuradores de Salamanca ha mostrado su rechazo ante el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales que se aprobó el pasado 2 de agosto por el Consejo de Ministros y, por el cual, se suprime la incompatibilidad entre las funciones de abogados y procuradores. Los procuradores salmantinos apuntan que esta medida no solo tendrá “consecuencias nefastas” para su colectivo sino que también se notarán gravemente en la administración de justicia y los ciudadanos. 

El Anteproyecto de Ley propone que sean los Colegios de Abogados los encargados de gestionar las notificaciones y, por lo tanto, el Ministerio de Justicia deberá dar de alta a los 130.000 colegiados que existen actualmente en nuestro país. La decana del Colegio de Procuradores, Mar Serrano, ha manifestado el desconcierto que este hecho ha supuesto entre el sector, ya que, recuerda que se han tardado 8 años en instalar y dar de alta a los 10.000 procuradores que ejercen en la actualidad en España. 

La supresión de la incompatibilidad de las funciones entre abogado y procurador supondría que fuese la misma persona quien se encargase tanto de gestionar y tramitar tanto los plazos como la defensa de los casos. Otra de las cláusulas que se contemplan en este anteproyecto es la supresión de los aranceles, con lo que, en caso de llevarse a cabo la ley, el cliente ya no conocería el precio del pleito ni las tasaciones de costas. 

Serrano ha resaltado la importancia de la figura del procurador y ha apuntado que en los últimos años este sector ha colaborado a agilizar la administración con la modernización de la justicia. Además, ha subrayado que en el año 2012 el  colectivo de procuradores de España tramitó un total de 50 millones de notificaciones y traslados de escrito lo que se traduce en un ahorro de 188 millones de euros. 

A este rechazo se ha sumado el apoyo del Colegio de Abogados de Salamanca, la Audiencia Provincial así como los Juzgados y apuntan a que, en el caso de aprobarse la Ley de Servicios, la administración judicial sufrirá un gran colapso cuyo último afectado será el cliente. Concretamente, en nuestra provincia esta medida supondría la desaparición de un total de 300 puestos de trabajo entre procuradores y empleados.

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