La Asociación Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio manifiesta su pesar ante el anuncio de los máximos responsables del Colegio de Arquitectos de León (COAL) de la próxima subasta de la sede de su fundación (FunCOAL) en la Calle Arroyo de Santo Domingo de Salamanca. Una noticia que llega cuando se cumplen cinco años del inicio de las obras de construcción de un edificio "que ya carga con el peor de los lastres: no servir a su promotor".
"Lamentablemente, el capricho de alguien por dominar un enclave interesante de la ciudad, bajo la premisa del “cueste lo que cueste”, en vez de localizar un emplazamiento más adecuado en alguno de los nuevos sectores en los que la ciudad del siglo XXI crece, llegó más allá de lo permisible gracias a un sistema excesivamente cariñoso con quién promete hacer más de lo que puede".
Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio recuerda que mantuvo una fuerte oposición al proyecto desde que en el año 2003 se comenzó a gestionar su creación con un concurso de ideas, con la compra de la trasera de la Casa de los Niños de Coro al Obispado, etcétera. La asociación presentó alegaciones, escritos y denunció los múltiples atropellos que se cometían -sobre la ciudad histórica- para posibilitar la ejecución. Todo fue desestimado con vagas explicaciones técnicas y alusivas al interés del proyecto.
"Sin lugar a dudas, el atentado más destacable, por su valor histórico y por resultar irreversible, fue la destrucción de importantes restos arqueológicos sobre la nueva parcela (segregada de la propiedad histórica). Dichos restos, de diversas épocas -incluso romanos-, que permitían estratificar el urbanismo de la zona, quedaron atrozmente mutilados (puesto que se extienden por parcelas aledañas) y fueron ejemplo para la publicación "Patrimonio en riesgo" (editada por ICOMOS-Internacional) de cómo se destruían restos arqueológicos en lugares inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial", añade.
A pesar de la valoración realizada, la destrucción fue aprobada por los organismos competentes. Como también lo fue la modificación del Plan Especial de Protección (para poder segregar parcelas, con la oposición del Comité de Patrimonio Mundial), la redacción a medida del Plan General de 2007 (distribuyendo y creando los volúmenes del futuro edificio sobre un espacio libre) y la aprobación de un proyecto que pocos o ninguno de los salmantinos aceptamos como adecuado en un entorno monumental y de edificaciones antiguas que conforman una de las zonas más interesantes del conjunto histórico.
"El desproporcionado proyecto, uno de aquellos que en los años del desenfreno se proyectaban en nuestra ciudad (por suerte algunos fueron desechados, aunque muy tarde), tuvo el apoyo unánime del Ayuntamiento de Salamanca y los parabienes de otros responsables institucionales que todavía hoy disfrutan de una posición destacada en la vida pública. Algunos, incluso, siguen dedicándose a la materia y otros pregonan la contención y la austeridad cuando labraron su carrera despilfarrando el dinero ajeno y prometiendo lo innecesario", continúa la asociación.
Por eso, el edificio, iniciado cuando la crisis económica se instalaba en nuestro país "y cuando algunos creían que la alegría era sostenible en el tiempo, requirió una inversión de más de tres millones de euros. El apoyo financiero, a cargo de la entidad Caja Duero, es uno de los aspectos más sonrojantes para la sociedad salmantina ya que, ahora, COAL no puede pagar la hipoteca contraída. Cabe preguntarse por la conciencia y la responsabilidad de las personas a las que este edificio representa y las de todos aquellos que se empeñaron en levantarlo, porque nunca contó con el apoyo de la sociedad y en su corta vida se mostró como infrautilizado".
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