La Junta de Castilla y León ha presentado un recurso ante la Sala de lo contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que revoque o anule la Resolución de 10 de septiembre de 2013 que regula el copago de medicamentos hospitalarios. Ante la respuesta negativa del Ministerio de Sanidad al requerimiento formal presentado el pasado mes de octubre, el Gobierno de Castilla y León ha decidido emprender acciones judiciales para solicitar la paralización de esta medida.

 En particular, se solicita como medida cautelarísima la suspensión de la Resolución de 10 de septiembre de 2013, por tratarse de circunstancias de especial urgencia referidas en la Ley Reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa. En el recurso se señalan las dificultades para implantarlo en la fecha señalada y las desigualdades que esta medida generaría entre las distintas comunidades, dado que “(…) no se han aclarado a las comunidades autónomas todas las cuestiones técnicas imprescindibles para la implantación efectiva y homogénea, por ello, vista la cercanía de esa fecha y a los efectos de impedir el inicio de la aplicación a fecha 1 de enero de 2014, así como su aplicación por cada comunidad autónoma de modo divergente, es imprescindible la inmediata adopción de la medida cautelar que por este medio se solicita (…) evitando la producción de un perjuicio de imposible o difícil reparación”.

 

Asociación de niños oncológicos

 

Desde la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, en la que se integra la asociación salmantina Pyfano, lamentan que la normativa publicada en el Boletín Oficial del Estado perjudique a los niños y adolescentes enfermos de cáncer, y piden a la Administración que se tenga en cuenta la vulnerabilidad de este colectivo y se les considere exentos del copago sanitario.

 

Esta normativa del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, modifica las condiciones de financiación pública de medicamentos dispensados en farmacias hospitalarias a personas que no están hospitalizadas. La lista incluye fármacos que se utilizan para el tratamiento del cáncer que hasta ahora estaban exentos de pago. El mes que viene, los afectados por el cáncer y otras enfermedades crónicas, se harán cargo del 10 por ciento del precio de estos medicamentos, hasta un máximo de 4,20 euros por envase.

 

 Pilar Ortega, presidenta de Niños con Cáncer, declaró que “las cargas económicas de las familias afectadas por el cáncer pueden suponer un retroceso en su calidad de vida y denunciamos cualquier medida que perjudique a este colectivo tan vulnerable, como son los niños y adolescentes con cáncer”. Ante un diagnóstico de cáncer de un menor, el incremento medio del gasto de una familia es de 400 a 600 euros mensuales, gastos ocasionados por desplazamientos, farmacia, trabajo, etcétera. Y recuerda que siete de cada diez familias sufre repercusiones en su vida laboral y que un 30% deja el trabajo para cuidar a su hijo.

 

Sindicato de enfermería

 

El Sindicato de Enfermería (Satse) rechaza el nuevo copago de medicamentos hospitalarios que tendrán que afrontar los pacientes no ingresados cuando se les dispensen ciertos fármacos desde las boticas hospitalarias, por considerar que se trata de una medida "injusta, poco útil y que puede repercutir negativamente en el proceso de cuidado y tratamiento de los afectados".

 

Satse entiende que cobrar por estos fármacos para enfermedades "como el cáncer, la esclerosis múltiple o la hepatitis C" no va a cumplir ninguno de los dos principales objetivos que se le supone, es decir, el recaudatorio y el de racionalización en su uso. En este sentido, el sindicato de enfermeros apunta que la recaudación que se obtendrá con esta medida, que empezará a aplicarse a partir de octubre, será "inapreciable" en el total del presupuesto sanitario. Además, añade, este tipo de fármacos ya tiene una serie de controles muy estrictos que impiden el abuso.

 

Por lo tanto, la iniciativa es, a juicio de Satse, "una nueva barrera que dificultará el acceso a medicamentos necesarios a los sectores de la población con menos recursos económicos, lo que puede provocar que las personas que no puedan afrontar ese gasto opten por no continuar el tratamiento". De ser así, advierte, su problema puede agravarse, con la consiguiente repercusión negativa en su salud, además de mayores gastos para el sistema sanitario por las complicaciones que pudieran originarse y requerir un tratamiento más largo, más medicamentos o más técnicas.

 

Organización Médica Colegial

 

Por su parte, el presidente de la Organización Médica Colegial, el salmantino Juan José Rodríguez Sendín, reflexiona sobre las consecuencias de los recortes en la prestación de los servicios sanitarios y hasta dónde puede llegar la responsabilidad de los profesionales médicos. "¿Cómo entiende un juez la responsabilidad derivada de no prestar igual atención a un paciente en situación irregular? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del médico ante las consecuencias de un paciente crónico que no puede pagar los medicamentos?", se preguntó el presidente de la OMC aludiendo la responsabilidad ante el copago hospitalario de una serie de medicamentos de dispensación ambulatoria para dolencias graves o crónicas que entrará en vigor a partir desde este 1 de octubre.

 

Además, abordó el tema desde la perspectiva de la responsabilidad de los profesionales sanitarios y tras subrayar las incertidumbres a las que se enfrentan estos, se preguntó "¿hasta dónde llega la responsabilidad del médico?". Subrayó que "la obligación del médico es ofrecer el mejor servicio posible a los ciudadanos y seguir respetando los principios éticos y valores del médico", pero dijo que con los recortes en la prestación de servicios sanitarios "no es posible conseguir los mismos niveles de atención" y "en el medio de este conflicto, siempre está el profesional, que debe asumir los riesgos" situación ante la que "los médicos se sienten inseguros".

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