En total, 367 menores infractores, muchos de ellos por robos con violencia o con fuerza en las cosas y por delitos de lesiones, pasaron por los centros con lo que cuenta la Comunidad para cumplir con las medidas impuestas por la Administración de Justicia durante el año 2010, lo que supone un incremento superior al 60 por ciento a lo largo del último lustro, ya que en el año 2005 el número de jóvenes fue de 227. A lo largo de estos últimos años la evolución ha sido desigual aunque siempre con un incremento del número de menores que cumplen algún tipo de medida, ya sea en régimen cerrado, abierto o semiabierto.
El mayor aumento respecto al año anterior, superior al once por ciento, se produjo en 2009, con 342 menores infractores. En 2008, la cifra fue de 308, seis casos más que el ejercicio anterior, una subida que no llegó al dos por ciento. Asimismo, en 2007 creció el 10,62 por ciento respecto al año anterior, en el que se contabilizaron 273 menores infractores. Finalmente, en 2010 experimentó un incremento el 7,3 por ciento, hasta los 367.
Para el cumplimiento de las medidas impuestas por los juzgados de Menores, la Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades dispone como recursos residenciales de ocho centros que suman 129 plazas, dos de ellos de referencia regional, ambos en Valladolid: ‘Zambrana’, con 68 plazas, y ‘Los Manzanos’, con tres unidades y 24 plazas. En concreto, por el centro ‘Zambrana’ pasaron el pasado año 237 jóvenes para cumplir con sus condenas, lo que supone un incremento superior al 26 por ciento respecto a 2005.
Además, hay otros seis que gestionan diferentes organizaciones a través de convenios con la Junta donde los menores pueden cumplir las medidas judiciales, como ‘La Senda’,en Burgos, de la Fundación O’Belén; ‘Jalama’, en León, de Asecal, asociación sin ánimo de lucro de carácter social declarada de utilidad pública; otros dos en Salamanca, dependientes de la Fundación Santiago Uno; otro de Nuevo Futuro, en Valladolid, y otro que llevan los menesianos en Zamora. Estos centros además desarrollan programas educativos para dar respuesta a las necesidades de jóvenes que se encuentren en situaciones de riesgo de exclusión.
La región dispone de nueve unidades de intervención educativa, una por provincia, desde las que se llevan a cabo actuaciones de prevención de la delincuencia juvenil a través de acciones socializadoras y educativas, así como el seguimiento de los menores. También, se ejecutan medidas judiciales y de apoyo a la inserción social. De hecho, durante el pasado año estas unidades atendieron 2.471 casos. Los menores pueden cumplir medidas en régimen cerrado, semiabierto, abierto, así como de fines de semana, aunque también pueden ser terapéuticas. No obstante, la realidad es que las actuaciones en régimen abierto representan el 87 por ciento de las resoluciones judiciales.
Regulación
Para regular todas las cuestiones relativas a las actuaciones en materia de menores infractores, la Junta dio luz en el último trimestre de 2011 a un decreto que pone orden y establece las normas de funcionamiento, estructura y sistema de trabajo. Se reguló y ordenó lo que ya se hacía en la Comunidad desde hacía años. El decreto supone también que de “manera organizada y sistematizada se remarcan los derechos de los menores”, según informaron a Ical fuentes de la Consejería. En concreto, aborda la prevención, la ejecución de medidas –núcleo central de decreto- y el apoyo posterior a los menores.
Como novedad establece por primera vez la distinción entre centros de internamiento y los centros de intervención educativa. En estos últimos se da cumplimiento a medidas de convivencia en grupos educativos. En ocasiones, se utilizan para atender a adolescentes que agraden a sus padres cuando no existe posibilidad de una convivencia pacífica en el entorno familiar, donde siguen un programa para reeducarles, un eje fundamental para conseguir que los menores no repitan determinados comportamientos y conductas. De hecho, sólo el ocho por ciento de los menores infractores reinciden como delincuentes cuando son mayores de edad, ya que la mayoría de los que cometieron delitos antes de cumplir los 18 años lo hicieron de manera esporádica, no eran infractores habituales.
Cooperación
Además, esta regulación establece como otra de sus novedades un sistema de cooperación y coordinación institucional a través de la colaboración entre los servicios de atención a los menores infractores de ámbito provincial para la evolución de los casos y la ejecución de medidas, así como en el traslado de expedientes por cambio permanente de residencia del menor, así como en los supuestos de traslado temporal a otra provincia de la Comunidad.
Asimismo, todos los órganos y servicios de atención a menores asegurarán la “más completa y puntual colaboración con los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Fiscal”. Es más, las propuestas y recomendaciones que los jueces de Menores realicen en relación a la organización y el régimen de ejecución de las medidas serán analizadas en el menor tiempo posible y se remitirá un informe en el plazo máximo de un mes para dar respuesta a las mismas. El informe tendrá que explicar las sugerencias atendidas y los motivos que hubiera, en su caso, para desestimarlas.
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