La propuesta de la Administración para la próxima convocatoria de empleo público (que se publicará antes de final de año) incluye aproximadamente 100 plazas para funcionarios en los subgrupos A1 y A2 (licenciados y diplomados), frente a las 668 plazas incluidas en la oferta de 2011, lo que supone una reducción de más del 85 por ciento. Estas plazas se repartirán a duras penas en los siguientes cuerpos: inspectores de hacienda, interventores, inspectores y subinspectores de trabajo, técnicos auditores y contabilidad, técnicos de Hacienda, investigadores doctores (profesores, científicos y científicos investigadores) y agentes de Hacienda Pública.
 
Esto se debe a la política de amortización de vacantes, con una congelación generalizada de las ofertas de empleo público, salvo en determinados puestos en los que se admite una reposición del diez por ciento. De esta manera, si el año pasado se dieron de baja 1.134 personas, únicamente se cubrirán una de cada diez. En lo que se refiere a la Promoción Interna, la Administración plantea tan solo 225 plazas, la mitad que el año anterior.

Ante esta situación, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), exige al Gobierno que se pronuncie de manera formal si tiene previsto realizar expedientes de regulación de empleo (ERE) sobre el personal laboral de la Administración General del Estado, ante el citado proceso de amortización de vacantes. El sindicato considera que esta política va a causar un daño irreparable a las plantillas de los organismos que ya a día de hoy son mayoritariamente deficitarias, con un incremento muy significativo de las cargas de trabajo. "Esta situación, sin duda, perjudicará la calidad del servicio público que se presta al ciudadano, además de una severísima regulación de empleo", concluye.

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