La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denuncia que “tras las últimas turbulencias, el Gobierno se aparta y renuncia a fijar los precios de la luz para los consumidores que aún tienen contrato con una comercializadora de último recurso”. Así, advierte de que el cambio también afectará a muchos de los clientes que están en el mercado libre con ofertas referenciadas a la tarifa TUR.
En primer lugar, explica OCU, la antigua tarifa regulada desaparece en la práctica. El precio de la luz será el que resulte día a día, hora a hora, en los mercados diarios de electricidad. Sobre ese precio se añadirán los peajes (o tarifas de acceso) y el margen de comercialización, ambos definidos por el gobierno. No será posible conocer con antelación el precio de la luz.
Por otro lado, la tarifa será personal, ya que a cada consumidor se le aplicará su precio diario, según su consumo real en cada franja horaria. A quien no tenga aún instalado un contador digital se le aplicarán unos perfiles medios preestablecidos. Por eso, “el precio de la luz será impredecible y los sustos en la factura pueden ser importantes. En teoría, este sistema debería permitir un ahorro en la factura... pero a no ser que seas un experto, lo que pagas por la factura de la luz será (aún) más complicado de comprender. También será complejo comprobar si te han cobrado el precio correcto o no”.
Para quien no quiera someterse a este nuevo sistema en el que el precio de la luz cambia a cada hora, existirá la opción de una tarifa anual. Se pagará un precio fijo por el kWh durante todo el año y será más transparente y más estable, pero también más cara. Incluso el precio de las tarifas anuales será elegido libremente por cada eléctrica. En las tarifas anuales las eléctricas podrán aplicar compromisos de permanencia, como ya ocurre. Y con la tarifa anual, por el momento no se ha previsto que el consumidor tenga la posibilidad de contratar tarifas condiscriminación horaria.
Se prevé que esta tarifa esté vigente 1 de abril de 2014. “Para entonces, lo probable es que ni consumidores ni comercializadoras estén bien preparados e informados para este cambio. Con estos cambios el Gobierno dejaría de sufrir (electoralmente) al no encargarse de comunicar ninguna tarifa oficial. Es una manera evidente de lavarse las manos y dejar a los consumidores a merced de las empresas”, concluye OCU.
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