La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado ha presentado una propuesta de estatuto orgánico para la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el que propone, entre otros asuntos, que puedan trabajar de incógnito e incluso pagar a confidentes para así reducir el fraude. Cabe recordar que según los últimos datos oficiales alcanza ya la cuarta parte del Producto Interior Bruto (PIB) en España, el 28% en la provincia de Salamanca.
“En los próximos meses, vamos a asistir a tres reformas de importancia, como son la reforma del sistema tributario, la aprobación de un Estatuto para la Agencia Tributaria, y la reforma del sistema de financiación autonómica. Todas ellas afectarán”, explican los inspectores de Hacienda en el preámbulo de su propuesta. Y denuncia que los frecuentes cambios en sus órganos directivos impiden la planificación y trasladan inestabilidad a los órganos encargados de la aplicación del sistema tributario, además de la pérdida de prestigio social por su supuesta falta de independencia y generalidad.
Los inspectores de Hacienda abogan por una administración tributaria profesional. “El prestigio profesional de la Agencia Tributaria ha sido reconocido. Para que no se pierda, deberán potenciarse aspectos como la especialización o formación permanente de sus empleados, los métodos de trabajo homogéneos, la unidad de criterios o la intensidad similar del control a nivel geográfico, junto a la capacidad de medir los resultados de sus actuaciones y su impacto sobre las conductas de los obligados”, explica.
La propuesta añade que una de las características negativas de la Agencia Tributaria es la situación de sus recursos humanos, resultado de las limitaciones, tanto presupuestarias, como legales. Por eso, considera necesario incrementarlos, ya que en los próximos años se jubilan varios miles de sus empleados y se está aplicando una baja tasa de reposición. Respecto al pago a confidentes, “la Agencia Tributaria deberá disponer de fondos para el pago de informaciones confidenciales de las que se deriven el afloramiento o recuperación de cuotas defraudadas”.
Y concluye con una propuesta de publicidad de "condenados por delito, sancionados y deudores (en cuantía a establecer), en el que figurarían su nombre, NIF, provincia, administradores y socios, y el importe pendiente de pago. Su publicidad sería a través de sedes electrónicas y sus consecuencias podrían ir desde la mera imposibilidad de obtener certificados tributarios, pasando por la revocación del NIF (que impediría expedir facturas, contratar, escriturar, u operar con entidades bancarias) hasta las repercusiones en el ámbito civil (inhabilitación de gestores, o filtro para la concesión de beneficios económicos o sociales)”.
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