Finalmente, el Real Decreto Ley aprobado este viernes por el Consejo de Ministros recoge la modificación de las tasas judiciales que establece que las personas físicas quedarán exentas del pago de las mismas en todos los órdenes e instancias. Se continúa, así, trabajando para que la Justicia esté al alcance de todos, garantizando la tutela judicial efectiva.
El Consejo de la Abogacía de Castilla y León muestra su satisfacción parcial ante el anuncio de retirar las tasas judiciales para las personas físicas gracias a la lucha que la Abogacía ha liderado durante mil días junto a los operadores jurídicos, partidos políticos, sindicatos y consumidores, en la calle y en las redes sociales.
No obstante, para evitar que miles de ciudadanos sigan sufriendo la violación de su derecho fundamental de acceso a la Justicia, la Abogacía reclama del Gobierno una solución transitoria inmediata que exima ya del pago de las tasas hasta que se apruebe por decreto ley. Además, los letrados continúan defendiendo que, dentro del paquete de medidas que tratan de impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, la medida de supresión de las tasas se extienda también a las pequeñas y medianas empresas.
Los abogados entienden que el Gobierno, al revisar las tasas, es consciente de que el Tribunal Constitucional podría aceptar total o parcialmente los argumentos de los cinco recursos de inconstitucionalidad promovidos por el PSOE y por los Gobiernos de Andalucía, Cataluña, Aragón y Canarias, y de numerosas cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por juzgados de lo social, de primera instancia y de la Audiencia Nacional. También la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en un acuerdo de Pleno no jurisdiccional, estableció la no exigencia de tasas a los trabajadores.
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