Convocada por PP y PSOE para acercar posturas, durante la reunión Equo reiteró la responsabilidad del Ayuntamiento "por la comisión de continuas ilegalidades que han dado lugar a varias sentencias condenatorias". Por eso, reclama responsabilidades políticas "de los autores de esas ilegalidades que supusieron otorgar beneficios ilegales a los intereses particulares del centro comercial, en contra de los intereses generales de la ciudadanía de Salamanca, y que deberían concretarse en la dimisión de los representantes políticos que participaron en esos desmanes a la ciudad".
Al mismo tiempo, Equo denuncia el mal funcionamiento de la Justicia, que no atendió en su día la petición que el entonces partido Los Verdes de suspensión cautelar del proceso y que ha provocado ahora, diez años después, cuando sale la sentencia definitiva sobre el Plan General de Urbanismo, "una situación muy difícil para la ciudad al estar ya ejecutado todo, el centro comercial construido y cientos de personas trabajando en un centro declarado ilegal".
Por eso, Equo pide que haya compensaciones para la ciudad, es decir, equipamientos y dotaciones públicas, "pues ese terreno del antiguo cuartel se ha destinado a favorecer intereses particulares y no ha sido dedicado en su totalidad a equipamiento público para la ciudad. Y desde luego que estas compensaciones sean a cargo de quienes se han beneficiado de las actuaciones ilegales del Ayuntamiento: en este caso, el centro comercial El Corte Inglés". Equo asegura que los concejales de equipo de Gobierno y oposición manifestaron estar en disposición de llegar a acuerdos en este asunto.
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