El Procurador del Común de Castilla y León, Javier Amoedo, ha emitido ya su Resolución sobre la normativa de Ayudas de Emergencia o urgencia social en Castilla y León. Lo ha hecho a petición de Comisiones Obreras que presentó una queja formal por la falta de adecuación de las ayudas en algunas Entidades Locales que no se adaptan a la norma regional. Ahora el Procurador ha instado a las administraciones locales para que adapten normativamente estas prestaciones económicas que vienen a paliar la falta de recursos de las familias para pagar bienes de primera necesidad.
Afirma que el hecho de no estar homologadas en todos los municipios y diputaciones provinciales comporta desigualdades entre residentes de uno u otro municipio, rompiendo el principio de homogeneidad conseguido mediante el Decreto Regional. Hay que recordar que las ayudas de emergencia están previstas para auxiliar con cantidades económicas de hasta el 0,5 del IPREM anual (3.195 euros) las necesidades de las familias de Castilla y León en materia de alimentación, vestido, vivienda, energía, salud y educación que no estén cubiertas por otros servicios de las Administraciones. "Obviamente, en esta época de crisis, son muchas las solicitudes que se presentan en todas las entidades locales", afirma el sindicato Comisiones Obreras.
El Procurador del Común ha ratificado esta necesidad en una Resolución que hace un recorrido por los diferentes aspectos que las Diputaciones y Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes están aplicando con distorsiones respecto al Decreto Regional 12/2013 de Ayudas de Emergencia. Las anomalías coinciden con nuestras demandas y se refieren a cuestiones fundamentales de la norma que está provocando dificultades a la ciudadanía a la hora de percibir de las prestaciones económicas que les corresponden por derecho.
"En concreto hemos exigido que la normativa se publique completa para facilitar su conocimiento y el acceso a la misma, que se garanticen las ayudas como derecho subjetivo que son, que no se vinculen a ningún presupuesto cerrado o anual, que la convocatoria se mantenga abierta durante todo el año, que se tengan en cuenta únicamente los recursos con los que cuentan las personas solicitantes en el momento de la solicitud, que se respete el límite temporal de un mes para su comunicación y pago y, sobre todo, que no se establezca ningún otro límite en la percepción de la cuantía que no esté establecido en el propio Decreto regional", concluye CCOO.
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