La justicia salmantina ha vuelto a salir a la calle, esta vez para protestar contra el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales. Procuradores y abogados así como trabajadores del servicio de administración piden al ministro de Economía, Luis de Guindos, la revisión del texto del anteproyecto por atentar directamente, según este colectivo, contra los Colegios. La concentración ha tenido lugar frente a las puertas de los Juzgados de la plaza de Colón y ha estado marcada por la lectura de un manifiesto en el que la decana del Colegio de Procuradores de Salamanca, María del Mar Serrano, ha asegurado que en el caso de no producirse la revisión solicitada, los procuradores de Castilla y León se reservan cuantas acciones legales asistan a su justa reinvindación. 

Según Serrano, el anteproyecto de ley perjudica seriamente al actual sistema judicial al contemplar la eliminación de incompatibilidad que hasta ahora venía existiendo entre abogados y procuradores. Esta medida, apunta la decana, supondrá la desaparición en muchos casos de los Colegios de Procuradores así como la reducción de los servicios que prestan a los ciudadanos y un descenso en la calidad y un retraso en cuanto a la administración del servicio. María del Mar Serrano ha apuntado que el anteproyecto responde a criterios economicistas pero no una reducción de costes sino la inversión de millones de euros necesarios para su aplicación que, en palabras de la decana, deberían de dedicarse al incremento de la dotación y la mejora de la justicia. 

El Colegio de Procuradores ha subrayado que "la tutela judicial efectiva no es una magnitud económica sino un principio básico del Estado de Derecho que se verá menoscabado" y que serán muchas las consecuencias de la eliminación de la incompatibilidad. Los procuradores advierten de que el sistema de notifor icaciones Lexnet, sistema que se emplea actualmente en la canalización de notificaciones de los órganos Judiciales, supondrá un retraso en la gestión, ya que, actualmente son los procuradores los encargados de tramitar las notificaciones. Además, apuntan que los gastos producidos por los servicios de notificaciones y traslados de copias son asumidos actualmente por los procuradores que, en el caso de desaparecer, pasarán a correr por cuenta de la Administración Justicia. 

María del Mar Serrano ha recordado que con esta medida se verían afectados más de 50.000 puestos de trabajo en nuestra Comunidad entre procuradores, empleados de sus despachos y empleados de los Colegios de Procuradores. La concentración no ha querido dejar pasar la proposición no de Ley aprobada por unanimidad en el día de ayer en las Cortes de Castilla y León y que, según la decana del Colegio, deja sin apoyos al ministro de Economía en nuestra Comunidad. En ella todos los grupos parlamentarios, Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida y Unión del Pueblo Leones mostraron de este modo su apoyo a la Justicia de Castilla y León así como a todos sus profesionales.

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