El decreto ley acordado por la Junta de Castilla y León también prevé que los profesores de los centros privados concertados experimenten la misma reducción que el personal docente de la enseñanza pública no universitaria. En la misma línea, las universidades públicas deberán acomodar sus retribuciones a lo establecido por el Gobierno. Las nóminas de los altos cargos experimentarán la misma rebaja que las del resto de los trabajadores públicos de la comunidad.

Así, las retribuciones del presidente de la Junta disminuirán en una catorceava parte, al igual que las de los presidentes o titulares del resto de instituciones autonómicas. Los consejeros, viceconsejeros, secretarios generales, directores generales, gerentes y delegados territoriales de la Administración autonómica verán mermadas sus retribuciones en la cuantía que les hubiera correspondido percibir por los distintos conceptos que integran la paga extra de diciembre. Lo mismo ocurrirá con los vicepresidentes y secretarios de la Mesa de las Cortes de Castilla y León; los portavoces y otros cargos directivos de los grupos parlamentarios, y los consejeros de los Consejos Consultivo y de Cuentas.

El pasado mes de julio, el Consejo de Gobierno aprobó el acuerdo para la mejora de la calidad educativa en la enseñanza concertada que da continuidad al suscrito en junio de 2008. Una de las novedades del acuerdo es el aumento del ámbito de recolocación del profesorado. Asimismo, se amplía el profesorado para mantener en los centros la etapa de Bachillerato y se eliminan las indemnizaciones por abandono del censo. También se mantiene la antigüedad en el centro concertado a cambio de esa indemnización por abandono y se excluye al profesorado que alcanza o supera la edad de jubilación, salvo que no haya conseguido el máximo de cotización. 

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