El viceportavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca, Toribio Plaza, acompañado por el concejal Arturo Ferreras, ha denunciado "un enorme déficit de gestión" en los contratos municipal, incumpliendo así el plan de austeridad anunciado por el equipo de Gobierno hace medio año. "Todo se reduce a voluntarismo político, y así no se resuelven los problemas de los ciudadanos", manifestó.

Plaza explicó que desde la aprobación de este plan los ingresos se han incrementado por una subida del 13% del Impuesto sobre los Bienes Inmuebles (IBI), que se prolongará hasta el año 2020, mientras los gastos de personal y corrientes no se han reducido. Así, hasta ahora, el edil socialista asegura que no se ha publicado en la página web municipal la información de ejecución del presupuesto, tampoco se han reorganizado las subvenciones, "pero sí el echar a las asociaciones de vecinos de sus locales", ni si ha elaborado una tabla de precios "para evitar que un saco de cemento valga diferente según la obra a realizar, algo kafkiano".

A lo que añadió la ausencia de amortización de deuda por encima de la concertación de créditos. Así, la deuda financiera supera los 150 millones de euros en la actualidad. "Todo se resume en una falta de eficacia en la gestión y ha un claro perjudicado, los ciudadanos", dijo Plaza, a lo que añadió Arturo Ferreras: "El alcalde emplea constantemente el lema de hacer más con menos, pero la realidad demuestra que se hace menos gastando más dinero".

Pago a las empresas con precios de hace años

Para justificar esta denuncia, Ferreras aseguró que actualmente el 60% del coste del Ayuntamiento son servicios contratados a empresas, pero en lugar de renovarse, se prorrogan, como ya ha ocurrido este año con cinco contratos, lo que beneficia a las empresas, no al Ayuntamiento. Así, explicó que hay precios de épocas de bonanza económica que no sólo se mantienen ahora durante la crisis, sino que se ha incrementado con una actualización del IPC. En cambio, con una revisión de estos contratos se podría ahorrar 600.000 euros a las arcas municipales.

Los contratos prorrogados corresponden al servicio de jardinería, pavimentación, iluminación, pero sobre todo destaca el transporte público. "Hay un déficit de gestión y se está pagando más de lo que se debería a las empresas, con el consiguiente perjuicio económico para el Ayuntamiento", manifestó Ferreras. A lo que Toribio Plaza añadió que esta práctica no se ajusta a los pliegos de contratación y, por tanto, está fuera de la normativa vigente. "Según un informe de Transparencia Internacional, el Ayuntamiento de Salamanca obtiene una nota de 0,53, un rosco más grande que la Catedral", concluyó el viceportavoz socialista.

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