El secretario general del PSOE salmantino, Fernando Pablos, y el portavoz de la ejecutiva provincial, José Luis Mateos, comparecieron esta mañana para expresar públicamente el desacuerdo de su partido hacia la medida impuesta por el Gobierno Central sobre la financiación de los medicamentos. En la provincia charra, el copago ya afecta a 83.490 pensionistas con un límite de 8 euros y a 15.200 con 18 euros.

Por otra parte, el copago del 40% en adelante se mantiene y afecta a más de 200.000 salmantinos según datos ofrecidos por el propio partido. Una consecuencia de esta medida es la privatización de 426 medicamentos que, según José Luis Mateos “pasarán a obedecer las leyes de mercado, lo cual se traducirá en una injusta subida de precios”.

El Partido Socialista ha calificado la medida de injusta y la considera una penalización al enfermo y un importante ataque al estado del bienestar. El portavoz de la ejecutiva provincial mantiene que la derecha está equivocada y que sí es posible una sanidad sostenible que no afecte al nivel de vida mantenido hasta ahora: “Desde 1986, la renta per cápita se ha cuadruplicado, mientras que la sanidad que hasta ahora había sido pública, universal y gratuita está siendo atacada por medidas que afectan al nivel de vida de los ciudadanos”. Finalmente, José Luis Mateos ha solicitado al Ayuntamiento la creación de un servicio de información sobre el copago.

Por otra parte, el secretario provincial socialista, Fernando Pablos, ha calificado la medida como un “impuesto a la enfermedad cuya finalidad es la de ajustar las cuentas que se han ido deteriorando a lo largo de los últimos meses y años, en el caso de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, como la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid o Castilla y León”. Pablos propone medidas alternativas para evitar afectar directamente a los ciudadanos como las tomadas en Andalucía, donde se ha creado un sistema para que los pensionistas no paguen más del máximo legal permitido (8 o 18 euros, según renta) o en el País Vasco, donde se ha aprobado un decreto para evitar la medida impuesta por el Gobierno Central.

Por último, recordaron que el copago también afecta a los enfermos que requieren transporte sanitario no urgente y exige a los gobiernos de las comunidades autónomas recurrir estas medidas ante el Tribunal Constitucional.

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