¿Qué fue de los manicomios? ¿A quién corresponde la responsabilidad legal sobre un enfermo mental? ¿Y qué ocurre sobre un perturbado cuando comete un delito? Éstos son algunos de los interrogantes surgidos en la opinión pública tras la alarma social generada por un indigente que agrede a los peatones sin mediar palabra, intentando estrangular a una niña el pasado mes de septiembre y propinando una paliza a madre e hija cuando paseaban con su perro. Pero no es el único caso de enfermos mentales problemáticos en Salamanca. Hace dos años una mujer se subía al tejado de la iglesia de La Purísima tras protagonizar varios altercados en el Campo de San Francisco, en algunos casos reyertas con navajas. Meses antes en un bar junto a la Plaza Mayor un hombre en estado de enajenación retuvo a seis personas e hirió a tres policías con un cuchillo cuando trataban de detenerlo.
Durante siglos, los manicomios, la llamada 'casa de los locos', acogían a estas personas. Qué salmantino no ha escuchado alguna vez hablar del 'Reina Sofía', 'El 113 de Canalejas' o 'El loquero'. Pero los tiempos cambian, y con ellos el inevitable tránsito de la caridad cristiana que siempre acompañó a estos lugares hacia la asistencia pública.
El enfermo que traspasaba el umbral de un manicomio desaparecía para siempre y tenía escasas posibilidades de recuperación. El antiedén era el paraíso de la locura. La concepción social de tener totalmente aislado durante toda su vida a una persona, junto con una serie de condicionantes económicos (menos medios para atender perfectamente a cada enfermo mental) y legales (iniciados en Inglaterra y seguidos por el resto de Europa), provocó esa radical sustitución de la noción de beneficencia por la de asistencia médica. Los manicomios fueron sustituidos por los actuales centros de salud mental, hospitales de día, unidades de corta estancia, centros de día y unidades rehabilitadoras residenciales, entre otras iniciativas.
Con el fin de los manicomios, gran cantidad de enfermos mentales carentes de soportes familiares y pecuniarios deambulan por las calles de las ciudades. El problema surge cuando en un arrebato de trastorno cometen involuntariamente un delito. En ese momento, tras su detención, puede ingresar en prisión, en este caso en el psiquiátrico penitenciario de Alicante, el único de tales características en España. Pero si el delito es leve y el juez estima la puesta en libertad, entra en juego el llamado internamiento civil, esto es, que el enfermo debe ingresar provisionalmente en un centro de salud mental o en Urgencias para que sea el médico quien dictamine el alcance real del trastorno, según recoge la Ley de Enjuiciamiento Civil. El juez entonces sólo tiene la responsabilidad de controlar que un enfermo mental pase revisión médica.
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