Los sindicatos representativos del sector de la Administración de Justicia han entregado al Ministerio más de 200.000 firmas de ciudadanos exigiendo la derogación de la Ley de Tasas Judiciales y que se retire el anteproyecto por el que se privatiza el Registro Civil. De esta manera, se pretende hacer patente "el rechazo de la ciudadanía a la Ley de Tasas Judiciales, la privatización del Registro Civil y en general a los límites a uno de los derechos fundamentales. Al término de la manifestación se entregarán miles de firmas (recabadas a lo largo del último mes en los juzgados de toda España) contra la Ley de Tasas Judiciales y el resto de los proyectos del Ministerio de Justicia que pretenden acabar con el servicio público de la justicia".
Las últimas reformas en la Justicia han provocado la oposición de un amplio sector del mundo judicial. Numerosos abogados, jueces, procuradores o secretarios consideran que se están dando pasos para crear una justicia de dos velocidades: una para ricos y otra para el resto de los ciudadanos. Y es que el Registro Civil de pago supondrá al menos 100 euros por cada trámite administrativo.
La Ley de 2011 establece que, en los nacimientos que se produzcan fuera del establecimiento sanitario, los obligados a hacer la inscripción tendrán 10 días para declarar el nacimiento. Basta, con esta normativa, con presentar el documento oficial junto al certificado médico preceptivo o, en su defecto, un escrito acreditativo. Cuando la Ley entre en vigor, en vez del documento oficial habrá que presentar un acta notarial.
Finalmente, junto a los hechos relativos a la identidad, al estado civil y otras que hasta ahora se inscribían, también entrarán en el nuevo Registro otras informaciones. Entre ellas destaca la inscripción del domicilio de las personas, los seguros de vida y accidentes, planes de pensiones y seguros de deceso suscritos. Además se incluirán los testamentos otorgados y demás actos de última voluntad que se determinen.
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