El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido que esta reforma penal, cuyo anteproyecto presentó el 11 de octubre del pasado año, "afecta al carácter general de nuestro derecho punitivo", pues no se trata, ha dicho, de una modificación más del código de 1995 sino de una "auténtica transformación,  que era absolutamente necesaria".
 
El nuevo Código Penal "no tienen elementos retóricos, se adecúa a la realidad", ha dicho el ministro, quien opina que "si hay algo que define esta reforma del Código es  su flexibilidad".
 
Una flexibilidad que, a su juicio, "va a permitir adecuar la respuesta penal a cada una de las realidades que se produzcan en nuestra sociedad", agravando las que estaban insuficientemente sancionadas, pero permitiendo la reinserción de quienes están sometidos a un procedimiento penal, especialmente de quienes han cometido su primer delito para que no sea el suyo un "camino sin retorno".
 
El nuevo planteamiento del sistema de penas busca, según ha explicado el ministro, el criterio de la "proporcionalidad", revisa las figuras delictivas para dar respuesta a nuevas formas de delincuencia, actualiza la regulación de los delitos económicos, crea nuevos tipos penales en defensa de la mujer y, entre otras modificaciones, incorpora la prisión permanente revisable que reserva para delitos de extrema gravedad, "aquellos que exigen una respuesta más eficaz en nuestro Estado".
 
Ruiz Gallardón ha concluido su intervención diciendo que con esta reforma "damos un paso muy importante en un código que se sitúa entre los más avanzados de todos los países de nuestro entorno, en un código que da respuesta a las preocupaciones de la sociedad, pero un código que mantiene como prioridad absoluta que el reproche penal debe de buscar siempre la reinserción del delincuente a la sociedad".
 
Inclusión de la financiación ilegal de partidos como delito
 
El Consejo de Ministros ha decidido incluir como delito, en la reforma del Código Penal, la financiación ilegal de partidos políticos. Así las cosas, se revisan los tipos de malversación, prevaricación, cohecho o tráfico de influencias. También se facilita la persecución del corrupto.

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