Cáritas Diocesana de Salamanca se une al comunicado emitido por la comisión permanente de Cáritas Española, el pasado día 18 de mayo, en el que se analizan las consecuencias de la reforma sanitaria. Así, se ha hecho eco de la honda preocupación suscitada en el seno de todas las Cáritas por el impacto que va a tener la aplicación de esta reforma en las personas con las que trabajan, “expulsando del sistema de salud de las personas en situación más precaria. La reforma supone un cambio de modelo que afecta fundamentalmente a las personas más desprotegidas, al expulsar o restringir seriamente el acceso al sistema”, explica en un comunicado.
 
Tanto a ciudadanos españoles en situación más precaria como a ciudadanos comunitarios sin autorización de residencia en España y a ciudadanos extracomunitarios en situación administrativa irregular. En referencia a estos últimos, añade, “con el agravante de hacerles responsables del desajuste económico del sistema sanitario. Una opción ineficaz en términos económicos y sociales”.
 
En cuanto a la búsqueda de la sostenibilidad perseguida por la reforma, opina que si se han constatado prácticas abusivas de los servicios sanitarios, será necesario atajarlas sin negar el derecho a la salud a personas que conviven y construyen la sociedad. “Las acciones dirigidas a corregir estas disfunciones conllevan una limitación en el acceso al sistema sanitario a determinados colectivos o a que se produzca un copago de las prestaciones sanitarias. Por tanto, constatamos un desajuste entre el análisis que provoca la existencia de la reforma y las consecuencias que acarrea la solución planteada. En lugar de reformar el sistema nacional de salud para que sea más sostenible, lo que se está modificando es el contenido del derecho a la salud recogido en el artículo 43 de la Constitución Española.
Dualización del sistema sanitario”.
 
Por eso, identifican el inicio de una dualización del sistema sanitario que supone ofrecer a los ciudadanos una cobertura distinta según el grupo de población al que se pertenece, de manera no explícita se están sentando las bases para que surja un sistema estatal paralelo de beneficencia para las personas más vulnerables, una fórmula hacia la que Cáritas ha manifestado reiteradamente su rechazo al poner en cuestión la garantía del respeto a los derechos humanos y el acceso igualitario a los servicios de atención y asistencia sociosanitaria en todo el territorio y para toda la población.

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