El Ministerio de Empleo y Seguridad Social publicó este martes los datos del paro correspondientes a septiembre, con 600 desempleados más en la lista de la provincia de Salamanca pero 1.800 afiliados más a la Seguridad Social respecto al año pasado, comparaciones que se efectúan para determinar si se ha creado o no empleo. Datos que tienen su propia interpretación y que como suele realizar este diario conviene analizar más detalladamente.

En primer lugar, cabe destacar que Salamanca ahora está en la zona media de provincias de España donde más baja la lista del paro, un 9,6%, respecto al año pasado, la vigésimotercera que más lo hace. Los datos son similares a los del año 2009, pero hay que tener en cuenta que desde el inicio de la crisis la provincia charra cuenta con 20.000 habitantes menos, la mayoría jóvenes exiliados a otras zonas de España e incluso al extranjero en busca de trabajo.

Por su parte, la afiliación de la Seguridad Social es similar a la del año 2012. Y es que Salamanca es la duodécima provincia donde menos aumenta la cifra de ocupados respecto a septiembre de 2015, con apenas un 1,59%. Sólo crean menos empleo Teruel, Asturias, Ávila, Burgos, León, Zamora, Badajoz, Cáceres, Lugo, Orense, Álava y Vizcaya.

Además, el mercado laboral todavía está marcado por los contratos temporales e inferiores a mileurista. La letra pequeña de los datos del paro hechos públicos por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social muestra que así ocurre con noventa y tres de cada cien nuevos contratos. Y aunque se han rubricado más contratos que el año pasado, seis mil trescientos, la mayoría tiene una duración inferior a tres meses de duración. Antes de la reforma laboral, había el 8,6% de indefinidos y la mayoría de los contratos tenía una duración superior a seis meses.

Empleo público

Por otro lado, las cifras de afiliación a la Seguridad Social reflejan el abuso de la contratación de interinos y la precariedad en el empleo de las administraciones públicas, con una variación de puestos de trabajo en los sectores de oficinas burocráticas, educación y sanidad, durante el mes de septiembre.

Para la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, estas cifras de interinidad ?no son razonables teniendo en cuenta que son ámbitos fundamentales de nuestro Estado del Bienestar y por tanto no pueden estar sometidos a esta variación, como ocurre en otros ámbitos como la hostelería, los servicios o el campo?.

Por todo ello, CSIF reclama al Gobierno la convocatoria urgente de la Mesa General de las Administraciones Públicas para analizar las sentencias recientes sobre interinidad y establecer una oferta de empleo público acorde a las necesidades de nuestras administraciones públicas, sin tasa de reposición y que evite el abuso de la contratación del personal interino.

En este sentido, ha iniciado una campaña informativa, a través de sus delegados sindicales, para explicar las consecuencias de las sentencias. Además, desde ya, el sindicato ofrece su asesoría jurídica para analizar los conflictos por la situación de interinidad que previsiblemente se producirán en nuestras administraciones.

?Las sentencias ponen de relieve las graves lagunas que padece el ordenamiento jurídico español en la protección de los trabajadores temporales de nuestras administraciones y los abusos en la contratación temporal, tanto en lo que se refiere a las indemnizaciones como al encadenamiento de contratos de interinos para cubrir necesidades estructurales?, concluye el sindicato.

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