El Ministerio de Sanidad finalmente sí atenderá a los inmigrantes enfermos, aunque pasará la factura a sus países de origen, según ha anunciado en Radio Nacional de España el director general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero. Una medida que ya se aplica en otros países europeos, y que el propio Gobierno tiene que hacer frente cuando ciudadanos españoles son atendidos por sistemas sanitarios en el extranjero.

El pasado 3 de agosto el Consejo de Ministros ya introdujo algunos matices en el Real Decreto por el que se regula definitivamente la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria pública en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud. Así, se especificaba que podrían acudir a urgencias inmigrantes embarazadas pese a no contar con papeles en regla en nuestro país, así como personas con alguna urgencia de importancia.

La condición de beneficiarios la ostentarán, siempre que residan en España, el cónyuge o pareja de hecho, el ex cónyuge o persona separada judicialmente a cargo del asegurado, así como los descendientes y personas asimiladas a cargo del mismo que sean menores de veintiséis años o que, siendo mayores, tengan una discapacidad igual o superior al 65 por 100. Tendrán la condición de aseguradas las personas que sean trabajador por cuenta ajena o propia, afiliado a la Seguridad Social y en situación de alta o asimilada; ostentar la condición de pensionista de la Seguridad Social; ser perceptor de cualquier otra prestación periódica de la Seguridad Social, como la prestación por desempleo; y haber agotado la prestación por desempleo y encontrarse en situación de desempleo, no acreditando la condición de asegurado por cualquier otro título.

Objeción de conciencia de los médicos

El Colegio Oficial de Médicos de Salamanca se ha postulado también tras la petición de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria de seguir prestando asistencia a los inmigrantes que se encuentran en situación irregular en España. Así, para intentar que el Gobierno modifique la Ley, y apelando al derecho a la objeción de conciencia del médico en caso de no modificar esta norma, el Colegio salmantino apoya "incondicionalmente a todos los médicos de atención primaria que adopten y respalden tal actitud".
 
Justifica esta decisión, en primer lugar, "en la estrecha vinculación entre conciencia y libertad son los atributos que constituyen la clave de bóveda en que se apoya la dignidad humana". A lo que añade que "la objeción de conciencia es una manifestación responsable para expresar, de forma testimonial, que eticidad y legalidad son dos conceptos que pueden no coincidir y que, por supuesto, el carácter  de moralidad de una Ley no va unido a la unanimidad de una votación parlamentaria, sino que depende de los valores que promueva y defienda".
 
 

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