El sector de la edificación confía en absorber el excedente de viviendas en cinco años e iniciar la fase de reactivación para construir cada ejercicio unas 300.000 en España. Para ello, el presidente del Instituto de la Construcción de Castilla y León, David Dobarco, criticó que el Banco de España y el anterior Gobierno socialista lo hayan satanizado y dejado en caída libre desde 2007. 
 
Dobarco y el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, participaron en la reunión constitutiva de la Mesa de la Edificación de Castilla y León, que servirá de “foro de diálogo” y “encuentro”. Además, abordaron con los agentes la situación del sector y estudiaron una serie de propuestas que Silván expondrá en la reunión que mantendrá mañana sobre vivienda con las comunidades autónomas. Al respecto, Silván recordó que este año verá la luz un proyecto de ley sobre esta materia que apostará también por la sostenibilidad y la “eficiencia” energética. Por su parte, David Dobarco insistió en que desde el estallido de la ‘burbuja’ inmobiliaria el sector ha sufrido la “desidia” del Gobierno, pasando de ser un problema del Ministerio de Fomento a convertirse en uno del de Trabajo y Economía. También, defendió que es un sector clave para la recuperación de la economía del país.
 
Propuestas
 
La Mesa de la Edificación planteó un plan de medidas básicas para reactivar el sector, entre ellas, separar los documentos de ordenación de la actividad urbanística de los vinculados al medio ambiente; recuperar el “concepto de suelo urbanizable”; definir nuevas figuras urbanísticas que permitan la regeneración de las estructuras urbanas; impulsar la implantación de las inspecciones técnicas; promoverse la rehabilitación energética e impulsarse la promoción inmobiliaria para equilibrar la rehabilitación con la obra nueva, para obtener una ciudad “más sostenible y compacta”.
 
También, este órgano reclamó el mantenimiento de los programas de recuperación de las zonas “más obsoletas” de las ciudades. Además, se solicitó la adaptación urgente del Código Técnico de la Edificación a la rehabilitación y se propuso facilitar la reanudación de las obras paralizadas. En materia fiscal, pidieron que se amplíe la desgravación fiscal de la vivienda de primera residencia a la segunda para reducir el excedente de algunas zonas; aumentar al máximo la deducción de las obras de mantenimiento y rehabilitación; mejorar el tratamiento fiscal para los arrendadores y la desgravación en la inversión por el IVA pagado en la adquisición de una vivienda de alquiler con opción a compra, y ampliar el plazo de las cuentas de ahorro vivienda. 
 
Finalmente, exigieron que la dación en pago sea obligatoria y no únicamente una buena práctica voluntaria; establecer plazos hipotecarios razonables en función de la renta para evitar que se pueda asumir una escalada de precios “especulativos”, y por último, la aprobación de un plan nacional de vivienda en alquiler que gestiones los excedentes para que se puedan absorber en cinco años. 

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