La sentencia sobre la carrera profesional, otra patata caliente para la Consejería de Sanidad

 La sentencia sobre la carrera profesional, otra patata caliente para la Consejería de Sanidad
La sentencia sobre la carrera profesional, otra patata caliente para la Consejería de Sanidad

Comisiones Obreras (CCOO) denuncia que el empeño de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León de interrumpir la carrera profesional de los empleados públicos a su servicio puede salir muy caro a la ciudadanía. El Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Valladolid ha ordenado a la Gerencia Regional de Salud acatar la sentencia firme que obliga a reanudar la evaluación de los profesionales de la sanidad pública de Castilla y León para aplicar la Carrera Profesional de 2010 en un plazo improrrogable de diez días. Si la Gerencia no lo hace, deberá pagar 600 euros cada veinte días en concepto de multa coercitiva.

El auto responde a la demanda de CCOO de ejecución de sentencia que la Consejería, a través de la Gerencia Regional, lleva sin aplicar desde 2013. De hecho el Juzgado ha demandado su ejecución en dos ocasiones, en octubre de 2014 y, de nuevo, en febrero de 2015. El Juzgado da cinco días a la Gerencia Regional de Salud para alegar lo que considere oportuno o acreditar que está cumpliendo. También apercibe al Gerente Regional de que serán promovidas responsabilidades penales por desobediencia.

?Mientras tanto, la Consejería de Sanidad ha desmantelado todos los órganos de evaluación que tenía para realizar el reconocimiento de la Carrera Profesional, que determina cuestiones como complementos económicos, promoción profesional, etcétera?, explica el sindicato. Comisiones Obreras cree que el objetivo de la Consejería es imponer las Unidades de Gestión Clínica entre los profesionales ?y, por ese motivo, ha torpedeado el sistema más justo de reconocimiento profesional al que ahora le obliga el juzgado?.

La consecuencia práctica de este comportamiento será que la Administración tendrá que pagar una multa que puede alcanzar casi 11.000 euros al año, una cantidad que hay que sumar a los gastos realizados en el procedimiento jurídico que ha llevado la Consejería hasta este momento con recursos que ha perdido.

 

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