Los sindicatos representativos de la enseñanza, FE.CCOO, ANPE, CSI.F, STEs-i y FETE-UGT, aseguran que hay motivos suficientes para convocar una huelga estatal en el sector, a concretar en cada comunidad autónoma, el próximo día 22 de mayo para protestar contra los recortes educativos y en defensa de los servicios públicos. A su juicio, las medidas que están adoptando los gobiernos de España y de las comunidades autónomas se traducirán en un recorte de los presupuestos educativos de entre el 25 y el 30%. "Así se reconoce sin ningún género de dudas en el llamado Programa Nacional de reformas, presentado por el Gobierno central. Este brutal recorte, añadido al que ya hemos sufrido estos últimos años, supondrá un retroceso histórico. Las aulas volverán a masificarse", explican.

Aseguran los sindicatos educativos que no se cubrirán las ausencias del profesorado durante las dos primeras semanas de baja laboral, lo que generará muchos problemas organizativos y de convivencia en los centros al quedar los grupos, ya de por sí sobrecargados, sin un profesor que pueda atenderlos adecuadamente. "Y constituirá un castigo para el alumnado de segundo de bachillerato en puertas de las pruebas de selectividad. El abandono de determinados programas de apoyo a la Educación Infantil y de nuevas tecnologías y la no implantación de los ciclos de Formación Profesional actualizados representa un gran paso atrás en la calidad del sistema educativo". 

 
También consideran extremadamente grave también el deterioro de las condiciones laborales del profesorado. Los sindicatos explican que los recortes retributivos de más del 6% aplicados desde junio de 2010, ahora se suman medidas como el incremento del horario lectivo, la desaparición de las reducciones del horario lectivo para el profesorado mayor de 55 años, sustanciales recortes salariales en caso de baja por enfermedad, la congelación de las ofertas de empleo público, la desaparición de las condiciones de la jubilación anticipada, la transformación de nombramientos a tiempo completo a tiempo parcial, el cese del personal interino a 30 de junio para no pagarles las vacaciones, etcétera. "Todo ello se materializará en una reducción de la plantilla docente de proporciones incalculables, que repercutirá gravemente en la calidad y equidad de la enseñanza", apostillan.
 
Como consecuencia de estas políticas, alegan que "durante muchos años no se incorporarán al sistema educativo nuevos docentes. Las promociones de jóvenes recién titulados en nuestras universidades o que estén a punto de titularse en los próximos años en estudios conducentes a la enseñanza están siendo condenados al desempleo más absoluto. La situación puede ser dramática para la educación pública".

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