La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato mayoritario en el sector de la Justicia, y el resto de las organizaciones con representación en este ámbito, han hecho un llamamiento al conjunto de los trabajadores del Registro Civil para impedir ‘in extremis’ que el Ministerio de Justicia lleve al Consejo de Ministros la privatización del Registro Civil.
Las organizaciones con representación en la Justicia han acordado intensificar de manera progresiva las medidas de presión a lo largo de los próximos días, comenzando por la convocatoria de una concentración los jueves de cada semana en las puertas de los registros civiles de toda España. “Si el Ministerio no se aviene a dialogar, no escatimaremos ninguna medida de presión, con toda la contundencia y la fuerza que nos da nuestra representación entre los funcionarios de la Justicia. Las empleadas y empleados públicos no están dispuestos a asistir como convidados de piedra a una nueva maniobra del ministro de Justicia que supone la mercantilización de su puesto de trabajo”, asegura CSI-F.
Mientras se produce la respuesta del Ministerio, al que se le ha solicitado una reunión urgente aún sin respuesta, el sindicato va a promover una contestación en todos los ámbitos de la sociedad civil. Para ello, ha iniciado contactos con el conjunto de los operadores judiciales (asociaciones de jueces, fiscales, abogados, secretarios judiciales, etcétera), así como con los grupos parlamentarios. También se va a promover la oposición de los alcaldes, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), teniendo en cuenta que esta privatización puede dejar a los ciudadanos de los municipios más pequeños sin el servicio de registro que se presta a través de los Juzgados de Paz.
Asimismo, a lo largo de los próximos días se va a iniciar una campaña informativa y de concienciación dirigida a los ciudadanos, así como una recogida de firmas contrarias al proyecto. En ella se señalará que la privatización del Registro Civil “es un despilfarro de medios materiales, 182 millones de euros en digitalización que se van a regalar y varios millones del Inforeg que se perderán, un despilfarro de la experiencia y formación de los funcionarios de Justicia en materia de Registro Civil y un despilfarro del potencial de estos funcionarios para asumir los retos de la necesaria modernización del registro”.
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