El secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Cándido Méndez, ha manifestado que “más allá de lo que haya podido ocurrir, en los últimos años, el balance de la aportación del Rey a la consolidación de la democracia en nuestro país es muy positivo”. Méndez -que ha hecho estas declaraciones en el marco de una Asamblea Delegados que se celebra en Barcelona- ha precisado que “la abdicación del Rey abre una nueva etapa”, en la que habría que hacer una reflexión, con prontitud y en profundidad, sobre los contenidos de la Constitución Española.
 
UGT defiende, en este sentido, dos elementos imprescindibles, la estructura territorial de nuestro país, es decir “avanzar hacia una fórmula homologable a la de otros países de la UE, en la vertiente Federal” y la necesidad de abrir vías de participación directa de las ciudadanas y los ciudadanos ante cuestiones de gran envergadura, para impedir lo que sucedió con la reforma del artículo 135 de la Constitución, “que se hizo con nocturnidad y alevosía”. Temas que son grandes objetivos constitucionales como puede ser el empleo, la defensa de los servicios públicos o cómo abordar el pago de la deuda. Méndez ha criticado cómo se está reformando la Iniciativa Legislativa Popular, una reforma insuficiente porque solo facilita la comparecencia de los promotores.
 
Por su parte, para Comisiones Obreras (CCOO), "la reforma anunciada por el presidente Mariano Rajoy del artículo 57.5 de la Constitución, tras la renuncia al trono del rey Juan Carlos, no es suficiente para abordar los retos políticos, sociales y económicos que tiene nuestro país", ha afirmado el secretario de Organización y Comunicación de CCOO. En opinión de Fernando Lezcano, procede una profunda reforma que sea sometida a la opinión de la ciudadanía.
 
La Comisión Ejecutiva de CCOO, tras conocer el anuncio del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de la renuncia al trono del rey Juan Carlos, asegura que "la democracia en España no hubiera sido posible sin la lucha decidida de las trabajadoras y trabajadores, del movimiento sindical y de la sociedad española, lo que no nos impide el reconocimiento de la figura del Rey Juan Carlos en la consolidación del sistema democrático. Los retos políticos, económicos y sociales que tiene España exigen una reforma constitucional más ambiciosa que la anunciada por el presidente del Gobierno".

Y añade que "ninguna reforma de la Constitución, por importante que sea, puede despistar al Gobierno, en primer lugar, a los poderes públicos, a las formaciones políticas y a las organizaciones sociales y económicas, de su principal responsabilidad: salir de la crisis, reactivar la economía, crear empleo y atender mientras tanto a las personas que peor lo están pasando, como viene proponiendo CCOO con el Pacto por el empleo y la cohesión social. La Constitución de 1978, que ha jugado y juega un papel de primer orden en la articulación de la convivencia democrática de la sociedad española, y su arquitectura institucional, conocen evidentes signos de agotamiento que no pueden despacharse con la renuncia al trono del rey y el blindaje del aspirante a la Corona, el príncipe Felipe de Borbón".

 

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