Los discapacitados, los dependientes y las personas mayores de Castilla y León que soliciten a partir del miércoles, 1 de marzo, una plaza en una residencia o en un centro de día público o concertado dependiente de la Junta serán valorados siguiendo un criterio único y, una vez admitidos, pagarán en función de su renta y su patrimonio hasta un máximo del 90 por ciento del coste. Además, dispondrán de una cuantía mayor para sus gastos personales, lo que se conoce como ‘gastos de bolsillo’.
 
Estas son las principales novedades que introduce el Decreto de Precios Públicos en Servicios Sociales, que entra en vigor el próximo miércoles para los nuevos usuarios y a comienzos de 2013 para el resto. Según la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, provocará un “cambio” radical en el modelo asistencial de la Comunidad, ya que unifica los criterios de acceso a los centros, al margen de que el solicitante tenga o no reconocido algún grado de dependencia y “beneficiará a las personas con las rentas más bajas”, ya que pagará más el que más recursos tenga.
 
Además, para fijar ese pago, se realizará un cómputo de la renta y el patrimonio individual y no del familiar como hasta ahora, y sobre el patrimonio se introducen numerosas exenciones, como para los menores de 35 años y hasta 40 veces el IPREM, para facilitar la autonomía de los usuarios. Asimismo, en ningún caso se generará deuda. Hasta ahora los beneficiarios abonaban el 75 por ciento de su pensión cada mes y el resto sumaba una deuda que en la mayoría de los casos se cobraba cuando la persona había fallecido.
 
Otra novedad relevante es el aumento de la cuantía para gastos personales, conocida como ‘gastos de bolsillo’, que pasa de los 61,56 euros actuales a 347,6 euros para los usuarios de los centros de día y de entre 114,8 y 256,68 euros para los que viven en residencias. 
 
También, se sustituye la aportación por meses completos por una variable en función de los días de servicio recibido, la intensidad, la cobertura y el tipo de plaza. Así, se establece un precio público por día para cada uno de los servicios utilizando criterios como el sector de la población al que pertenece el beneficiario (discapacitados o mayores), el subsector (discapacidad intelectual, física, autismo o enfermedad mental), tipología del centro (residencia, vivienda o centro de día), tipología de la plaza y modalidad de usuario (grado de asistido, de afectación de la discapacidad o grado de dependencia) y cobertura del servicio (días de la semana y año).
 
Esto conllevará además la centralización de los procedimientos en la Administración, la unificación del proceso de gestión y la simplificación y automatización del procedimiento de cálculo de la capacidad económica de los demandantes de una plaza, lo que permitirá homogenizar los criterios y conllevará un ahorro económico.
 
Precios
 
Para los mayores en residencias, el precio público que se fija es de 30,72 euros por día para las personas válidas y las asistidas no dependientes, 43 euros para las asistidas dependientes, 49,15 euros para los grandes dependientes, 57,43 euros para las plazas de psicogeriatría y 49 euros por estancia nocturna. En cuanto a las estancias diurnas en centros de día, varía desde los 22,96 euros por día para los asistidos dependientes hasta los 25,41 euros para psicogeriatría y 34,45 euros para los dependientes del medio rural.
 
Por lo que respecta a los discapacitados, se establecen una serie de precios en función del grado y tipo de discapacidad; el grado de dependencia reconocido; si se alojan en residencias o en viviendas tuteladas; si son atendidos en centros de día y si se recurre a este servicio todos los días del año, sólo de lunes a viernes o de lunes a viernes con fines de semana alternos, con cuantías muy diferentes. 

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