El pleno del Ayuyntamiento de Salamanca ha aprobado el Plan de Ajuste, con el voto a favor del Grupo Popular y en contra del Grupo Socialista, que se pondrá en marcha para sanear las cuentas municipales hasta 2022. Una medida que exige el Gobierno después de que el Consistorio se haya acogido al Real Decreto para garantizar el pago a los proveedores con facturas pendiente de cobrar a 31 de diciembre de 2011.

Entre el decálogo de medidas se garantizará una inversión de 146 millones de euros y un descenso de la deuda de 85 millones durante la próxima década. Destaca la reducción de gasto en el servicio de transporte y en el de recogida de Basuras (3,7 millones de euros anuales) y el hecho de que hasta 2016 no habrá oferta de empleo público, estando desde ese momento relacionada con las jubilaciones. El sueldo de los funcionarios se congelará durante los dos próximos años, aumentará el uno por ciento en 2014 y 2015 y el IPC desde 2016, mientras que se prescinde del seguro privado de los empleados públicos.

El PSOE denuncia la subida del IBI hasta 2022

Tres explicar las medidas el concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez, tomó la palabra el concejal socialista Toribio Plaza, quien recordó que la liquidación del presupuesto municipal de 2011 arroja un déficit de 1,5 millones de euros, además de haber 24 millones de euros pendientes de pago a los proveedores, otros 8,4 millones en facturas sin presupuestar su pago, un ahorro negativo de 3 millones de euros y 128 millones de euros de deuda financiera con los bancos, 142 millones incluyendo la devolución del IBI, lo que arroja un total de 175 millones de euros de deuda del Ayuntamiento.

"Incumplimos todos los parámetros", manifestó, por lo que Plaza considera necesario un Plan de Saneamiento Financiero, no un Plan de Ajuste que busca una nueva operación de préstamo. Así, la medida para cumplir el requisito del Gobierno significa que durante los próximos diez años los ciudadanos van a sufrir un incremento del IBI que supone 100 millones de euros en total. "Esto es una absoluta barbaridad", manifestó, por lo que pidió que se corrija este apartado.

El PP considera que es la forma menos lesiva

"A usted lo que le interesa es generar alarma, pero hay que decir las cosas claras", le recriminó el portavoz del Grupo Popular, Fernando Rodríguez. Así, reconoció un déficit de 1,5 millones de euros en 2011, pero debido a la devolución del IBI de 2008 y la devolución de la liquidación negativa de 2008 "por las malas previsiones de ingresos del irresponsable Gobierno del Partido Socialista". Sin ello, el remantente habría cerrado con superávit, apostilló. Por eso, el Plan de Ajuste ahora prevé que la liquidación sea siempre positiva, "pero usted ha mezclado churras con merinas, recordando que en la deuda que computa el Gobierno no entra el pago a proveedores porque no es deuda financiera. Con el nuevo plan "se producirá la mayor rebaja que jamás ha visto este Ayuntamiento", terminando en 2022 en el 30 por ciento, tres veces menos que ahora.

También recordó que nadie a finales de 2011, ni administraciones ni empresas, han pagado todas sus facturas pendiente. A lo que añadió que ya se han abonado siete millones de euros a los proveedores, por lo que la cifra pendiente es 17 millones, la cantidad solicitada al Gobierno, y no los 24 millones que computa el PSOE. "Reducimos el endeudamiento y garantizamos las inversiones públicas, no se suprimen los servicios públicos, al contrario que en otros lugares, y se mantiene la calidad y empleo de esos servicios".

De ahí que defina las medidas como moderadas en ingresos y gastos. Entre ellas el incremento del IBI, instando al PSOE a proponer una alternativa para eliminar esta medida. "Dígame, si la quito, cuál pone para cuadrar las cuentas, pero usted intenta generar un titular", afirmó Rodríguez. Por eso, considera que subir el IBI es la forma menos lesiva para el ciudadano, actuar sobre un tributo ya instaurado en lugar de crear uno nuevo. Así, esta subida supondrá 32 euros anuales, una cantidad que cree moderada, en lugar de otras medidas como actualizar la revisión catastral, que hubiera supuesto un aumento del 50%. Además, la devolución se realiza al ciudadano en forma de inversiones, pues se recauda 4,8 millones por el IBI, pero se invertirán 12 millones de euros al año y se mantendrá el gasto social.

Toribio Plaza: "Piensan que los salmantinos están acostumbrados a pagar"

En su segunda intervención, el concejal socialista aseguró que "en absoluto pretendemos generar alarma, se genera por la propia situación de gestión de este Ayuntamiento". Así, argumentó que el remanente seguiría siendo negativo sin la devolución del IBI, porque no se habría cobrado de más en 2008 y no estaría el dinero en tesorería. "Utiliza las cuentas como quiere, pero los números tienen un orden", manifestó dirigiéndose al concejal de Hacienda. Así, reiteró que se cobrarán 91 millones de euros más de lo que se hace con el procedimiento actual, "pero como piensan que los salmantinos ya se han acostumbrado a pagar, pues que lo hagan un poquito más. Es injusto que los ciudadanos deban pagar otra vez la crisis".

También denunció Plaza que se cambia una deuda comercial por una deuda financiera, cuando en realiddad el pago a los proveedores no es para pagar a pequeñas y medianas empresas, pues sólo cuatro de ellas se llevan el 79 por ciento del importe. Lo mismo ocurre con la fundación municipal. Al mismo tiempo, se retiran los alquileres para locales de asociaciones de vecinos, e incluso una de las facturas pendientes de pago corresponde a ZOES, por importe de 400 euros.

Fernando Rodríguez: "Los ciudadanos no van a pagar este plan de ajuste"

El portavos del Grupo Popular replicó al concejal socialista: "Le voy a demostrar que lo que usted dice no es verdad". Así, justificó que las facturas pendientes no se centran en pequeñas y medianas empresas "porque esto quiere decir que las pymes las estamos pagando bien", y acusó de oportunista al edil sobre la factura de ZOES, que no es de la asociación, sino de la prestación de un servicio que se solicitó a una empresa.

Además, explicó que en el Plan de Ajuste se contempla la adquisición del edificio de Íscar Peyra, inmueble del Obispado donde ahora están las oficinas municipales del OAGER, en el periodo de 2016 a 2019. También se contemplan aportaciones para Mercasalamanca y desde 2014 el pago del canon por la pista cubierta de atletismo en La Aldehuela. "No se hace recaer el peso sobre los ciudadanos, no van a pagar este plan de ajuste, se va a garantizar el gasto para beneficiarles. Le he pedido una alternativa y una vez más no la ha dado", concluyó.

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