Una liberalización que también supondría dinamizar un sector que ha perdido ya entre 900 y 1.000 empleados en la provincia de Salamanca debido a la crisis. Y es que los empresarios del sector del automóvil consideran que se favorece y no se controla la creciente economía sumergida debido al incremento de los talleres ilegales.
Por su parte, la patronal de empresas de inspección técnica de vehículos (AECA-ITV) advierte de que la autorización a los concesionarios para prestar el servicio de ITV haría que la actividad fuera incontrolable por parte de la Administración y perjudicaría la seguridad vial. Según la asociación, es necesaria una tutela de la Administación sobre los centros y empresas de ITV, evitando una desregulación que haría que no fuera posible controlar la actividad y garantizar el rigor de las inspecciones.
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