María Ángeles Rodríguez, Antonio Cruz y Verónica Marcos son tres de los orientadores laborales del Servicio Público de Empleo de Castilla y León cuyo puesto de trabajo se extinguirá a partir del 31 de diciembre al no prorrogar la Junta el plan puesto en marcha hace un año. Una reestructuración de las oficinas que provoca la finalización de contrato de 108 trabajadores, que se suman a los 77 empleados del programa de modernización y 114 promotores de empleo despedidos el pasado mes de junio. 

"Han desmantelado el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, porque ahora algunas oficinas quedarán vacías", aseguran. Por lo que no entienden cómo se va a asesorar en la búsqueda de empleo a un parado de la provincia de Salamanca si no hay personal para hacerlo en las oficinas. De esta forma, consideran que se duplicarán los tiempos de espera y se dedicará menor tiempo a cada desempleado, además de acabarse el trato personalizado y para empresarios, ayuntamientos y entidades que ofrecen empleo aumentan las dificultades y tiempo a invertir para buscar trabajadores. 

"Para atender bien a una persona se necesita una hora, para ver sus posibilidades de poder regresar al mercado laboral, pero ahora no hay tiempo, incluso en otras provincias se ha prohibido orientar", explican. Y es que “todavía hay gente que sólo quiere trabajar en la construcción, o los hay que se apuntan a cursos de panadero pero cuando ven que se tienen que levantar todos los días a las tres de la mañana, ya no quieren trabajar en eso, cuando había gente que quería hacer el curso y se ha quedado fuera. Es necesario un orientador para corregir estas situaciones”, concluyen.

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