Todos los sindicatos rechazan el nuevo decreto de Sanidad sobre Unidades de Gestión Clínica

 Todos los sindicatos rechazan el nuevo decreto de Sanidad sobre Unidades de Gestión Clínica
Todos los sindicatos rechazan el nuevo decreto de Sanidad sobre Unidades de Gestión Clínica
La totalidad de los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad de Castilla y León, CCOO, SATSE, UGT, CSI-F, USAE y CESM, han mostrado su rotundo rechazo al borrador del Decreto de Unidades de Gestión Clínica que pretende poner en marcha la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. En el transcurso de la reunión que han mantenido, los dirigentes sindicales se han opuesto a las pretensiones de la Junta por la sencilla razón de que tendrá unas consecuencias muy negativas en los derechos de los profesionales sanitarios y en la calidad de la prestación asistencial. Por todo ello, los sindicatos se han unido para frenar su puesta en marcha y plantean llevar a cabo todo tipo de medidas encaminadas a este fin.

“No estamos de acuerdo con el modelo organizativo de gestión clínica que se quiere imponer en el sistema sanitario de Castilla y León. Además, este borrador de Decreto vulnera derechos laborales, profesionales y de régimen jurídico adquiridos y consolidados por los trabajadores y trabajadoras de Sacyl y pretende fomentar la arbitrariedad en el empleo respecto a las contrataciones. Y si todo lo anterior no era suficiente, se cercena la posibilidad de los trabajadores y trabajadoras de participar voluntariamente en las unidades de gestión clínica, por lo que se limita y casi anula la participación y el compromiso de los trabajadores y trabajadoras en las mismas”, remarca Jaime Redondo, responsable de Acción Sindical de la Federación de Sanidad  y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Castilla y León (FSSS-CCOO CyL).

UGT

Para UGT, la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León quiere renovar la organización de los centros sanitarios con la finalidad última de que los profesionales participen en la organización y gestión de los recursos destinados a la asistencia sanitaria. "También pretende coordinar todos los recursos sanitarios públicos, mejorar la calidad de los servicios sanitarios, descentralizar y simplificar administrativamente la gestión del Sistema Público de Salud. El instrumento básico para conseguir esta renovación organizativa consiste en crear e implantar las Unidades de Gestión Clínica cuyo objetivo final será disponer de unas estructuras orgánicas públicas que eviten la fragmentación entre servicios asistenciales y promuevan la agregación eficiente de equipos profesionales".
 
Desde UGT entienden que aunque la Consejería pretende mejorar la calidad asistencial simplificando administrativamente la gestión sanitaria y promoviendo que los profesionales sanitarios participen en dicha gestión con cierta autonomía, lo que hace realmente es recurrir a la creación de una estructura más compleja (las Unidades de Gestión Clínica) cuyos responsables serán nombrados directamente por el Gerente, es decir por un político, y además deberán realizarse evaluaciones anuales sobre el cumplimiento de objetivos. Estas evaluaciones se efectuarán por la Dirección General competente (quiere decir más políticos). Esta organización significa mucha más burocracia y un mayor control político de la asistencia sanitaria.
 
"No simplifica la gestión ni da mayor autonomía real a los profesionales. Las Unidades de Gestión Clínica estarán dirigidas por comisarios políticos (aunque sean médicos o enfermeros) que procurarán cumplir las recomendaciones y objetivos que les indiquen los Gerentes (léase los políticos). Al igual que ocurre en la actualidad, las opiniones, sugerencias e iniciativas de los profesionales que diariamente realizan labores asistenciales, serán ignoradas, despreciadas o perseguidas. No se alude a cómo se financiarán estas Unidades de Gestión Clínica. Únicamente se menciona que no se aumentará la contratación de personal sanitario. Sin embargo, es casi seguro que aumentará la contratación de personal político que controle las múltiples evaluaciones y la ingente burocracia que se va a generar", afirma UGT.
 
Y añade que en el decreto se olvidan de la motivación profesional de los trabajadores sanitarios, que es un factor fundamental para mejorar la calidad asistencial. Tampoco se mencionan controles de calidad asistencial, solamente de objetivos. Da la impresión de que la calidad asistencial les preocupa poco aunque la mencionan frecuentemente. "Muy probablemente los objetivos de las Unidades de Gestión Clínica serán de tipo económico, es decir, reducir gastos aunque se deteriore la calidad asistencial. Sin embargo, no está demostrado que estas Unidades de Gestión Clínica vayan a producir un ahorro económico. Podría ocurrir que el incremento de la actividad burocrática y del  control político genere finalmente un aumento del gasto sanitario sin mejorar la calidad asistencial", concluye.
 
Satse

Por su parte, Satse ha planteado unas premisas que considera irrenunciables ante la implantación de este modelo de gestión que pretende la Consejería de Sanidad. Entre esas premisas está la voluntariedad de la participación de los profesionales sanitarios en este modelo de gestión. También que el mantenimiento del régimen jurídico con que cuentan todos los profesionales.

Además, que estas unidades de gestión estén totalmente integradas en el sistema público de salud asegurando los derechos laborales y profesionales de los empleados de Sacyl, que se establezca la figura del enfermero como director de los cuidados y que la incentivación no esté vinculada al simple ahorro económico que estas unidades puedan producir, sino al incremento de la calidad asistencial.

Finalmente, que el acceso a los puestos de director de las unidades de gestión clínica se base en la capacidad y mérito de los posibles candidatos y que no sean puestos de libre designación vinculados a una titulación determinada, puesto que esto último contradice la normativa estatal (LOPS) y porque ya existen sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de comunidades como Galicia y Asturias que han fallado en contra de que la dirección de estas unidades de gestión esté reservada a una única categoría profesional.

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