El pasado 3 de mayo el Consejo de Ministros emitió un informe de anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil por la que a los procuradores se les atribuye nuevas funciones sobre todo en materia de notificaciones, en las que tendrán la condición de agentes de la autoridad. Así, podrán realizar embargos de bienes muebles y cuentas corrientes y se incrementan sus funciones en los procesos de ejecución. Igualmente, estarán capacitados para la práctica de actos de comunicación. También podrán ser designados como entidad especializada en la subasta de los bienes embargados. Y se les confiere la condición de agentes de la autoridad, condición que no tenemos ni los Funcionarios de Justicia, y colocándoles muy por encima en materia de garantías.

Desde el sindicato de Justicia de FSP-UGT se oponen rotundamente a esta nueva reforma del ministro Gallardón, pues  supone un nuevo intento de privatizar la Administración de Justicia. “El señor ministro parece decidido a terminar con este servicio público a favor de los sectores privados, no sabemos con qué finalidad. Entendemos además, que esta nueva reforma del Gobierno es claramente contraria a la Constitución Española, toda vez entendemos vulnera el principio de igualdad consagrado en su artículo 14”, explica el sindicato.

Además, la reforme atribuye competencias a una de las partes en el proceso, “la más fuerte, los bancos, mientras que en la otra, la más débil, el ciudadano, le coloca en una situación de indefensión”, y ello, explica UGT, a pesar de que el artículo 117.3 de la misma establece de forma nítida que el ejercicio de la potestad jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales. “No podemos consentir que este Gobierno vuelva a diferenciar entre una justicia para ricos y otra para pobres”, añade.

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